Plantea cambios en la selección de jueces, independencia judicial, ejercicio profesional, rendición de cuentas, gestión, tecnología y formación.
La agrupación "Unidad en Defensa de la Abogacía" presentó las bases que sostienen su propuesta para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El documento establece siete objetivos vinculados con la selección de jueces, la independencia judicial, el ejercicio profesional y la modernización de la Justicia.
El primer eje propone que la selección de jueces se base en el mérito y la idoneidad, mediante procedimientos objetivos, previsibles y transparentes que garanticen condiciones de igualdad.
El espacio que reúne a abogados de todo el país presentará el 20 de octubre sus ocho candidatos y una propuesta basada en siete ejes.
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En ese marco, la agrupación plantea reformar el Reglamento de Concursos a partir de la propuesta de los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. También propone equiparar, al evaluar la trayectoria, la experiencia de los profesionales independientes con la de los funcionarios judiciales.
El documento sostiene que esa modificación permitiría evitar la “postergación sistemática” que, según la agrupación, afecta a los abogados de la matrícula que aspiran a ocupar cargos en la Justicia. Además, plantea respetar sustancialmente el orden de mérito y limitar los márgenes de discrecionalidad que puedan alterar los resultados de los exámenes técnicos.
La propuesta también contempla que todas las etapas de los concursos sean públicas y trazables, con criterios objetivos establecidos previamente.
El segundo eje está centrado en la independencia judicial y la responsabilidad de los magistrados. La agrupación plantea defender a los jueces frente a presiones políticas, económicas, corporativas o de cualquier otro origen, al mismo tiempo que propone garantizar el cumplimiento de los deberes vinculados con la función.
En este punto, sostiene que la independencia y la rendición de cuentas deben funcionar como condiciones complementarias. También propone impulsar la sanción de un Código de Ética Judicial y establecer procedimientos disciplinarios eficaces, con plazos razonables y mecanismos que eviten la paralización injustificada de las denuncias.
El tercer eje plantea llevar al Consejo de la Magistratura la experiencia cotidiana de quienes utilizan el sistema judicial. La propuesta apunta a defender el ejercicio profesional y generar respuestas frente a las demoras, las dificultades de acceso, los problemas de comunicación y otros obstáculos que afectan el funcionamiento de los tribunales.
El documento también establece el compromiso de mantener una vinculación permanente con colegios, asociaciones y otras instituciones representativas de la abogacía de todo el país. El objetivo es coordinar acciones que contemplen las distintas realidades del ejercicio profesional y fortalezcan la participación institucional del sector.
El cuarto eje está dedicado a la rendición de cuentas. Los candidatos se comprometen a hacer públicas sus posiciones y votos sobre asuntos institucionalmente relevantes, explicar los criterios utilizados y rendir cuentas periódicamente ante la abogacía.
El quinto punto propone avanzar en la evaluación del desempeño judicial mediante la producción y publicación de estadísticas e indicadores. Según las bases, esas herramientas permitirían conocer el funcionamiento de los tribunales, evaluar resultados, detectar problemas y contribuir a mejorar el servicio de Justicia.
El sexto eje aborda la modernización de la gestión. La propuesta incluye mejoras en conectividad, equipamiento y sistemas de gestión, además de la incorporación responsable de tecnologías, herramientas de automatización e inteligencia artificial.
El documento establece que esas herramientas deberán estar sujetas a criterios de transparencia y supervisión humana. La modernización, plantea la agrupación, debe simplificar procedimientos, facilitar el seguimiento de los trámites y reducir los tiempos de respuesta, sin transformarse en una barrera para el acceso a la Justicia.
A su vez, se plantea que la incorporación tecnológica no debe sustituir la presencia efectiva de magistrados y funcionarios ni la atención que deben brindar los tribunales.
El séptimo y último eje propone una formación judicial de excelencia, abierta, plural, federal y accesible. Las bases plantean estándares académicos exigentes y una capacitación orientada a fortalecer las capacidades necesarias para ejercer la función judicial con independencia, integridad, eficiencia y responsabilidad.
La propuesta también contempla la participación y articulación con las instituciones de la abogacía de todo el país como parte de ese esquema de formación judicial.
