El Gobierno reunió apoyos de bloques aliados para aprobar la iniciativa, que modifica el régimen de Ganancias y establece nuevos criterios ante el fisco.
El Gobierno logró la aprobación de la segunda versión de la Ley de Inocencia Fiscal tras reunir 44 votos a favor en el Senado y superar el rechazo del peronismo. La iniciativa fue aprobada sin modificaciones e introduce cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias, los controles por discrepancias patrimoniales y el acceso a beneficios fiscales.
La propuesta obtuvo el respaldo del bloque que conduce Patricia Bullrich, además del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas. Los 23 senadores del peronismo votaron en contra de la iniciativa impulsada por el oficialismo.
El cambio planteado en el Presupuesto 2027 alcanzaría a la AUH, la AUE y otras prestaciones, cuyos montos dejarían de estar atados a la inflación registrada.
La Justicia rechazó el pedido del Gobierno y le ordenó a presentar en tres días un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El senador libertario Bruno Olivera, miembro informante, defendió la iniciativa durante el debate. “Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, sostuvo antes de la votación.
El presidente del bloque peronista, José Mayans, explicó el rechazo de su espacio y vinculó la propuesta con la política económica nacional. "Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados", afirmó durante su intervención en el recinto.
El senador Jorge Capitanich cuestionó además el tratamiento previo del proyecto. Señaló que en las comisiones "no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto".
Por su parte, Fernando Salino planteó ampliar una de las restricciones incluidas en esta segunda versión. La norma limita el acceso para ministros, secretarios, jueces y legisladores, pero no extiende esa condición a sus familiares. El legislador propuso incorporar también a personas vinculadas directamente con funcionarios alcanzados por esa prohibición. El oficialismo rechazó introducir modificaciones y mantuvo el texto aprobado previamente.
Uno de los puntos centrales modifica el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La legislación deja afuera a quienes hayan registrado ingresos superiores a $1.000 millones o poseído un patrimonio mayor a $10.000 millones durante cualquiera de los últimos tres años contemplados para determinar el ingreso al esquema.
La norma también redefine qué diferencias entre las declaraciones de los contribuyentes y los datos disponibles para el fisco serán consideradas significativas. Cuando la discrepancia alcance o supere el 15%, pero no exceda los $5 millones, ya no quedará comprendida dentro de esa categoría para los controles previstos por el sistema.
La legislación establece además el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal. Quienes quieran utilizar esas herramientas deberán hacerlo antes del último día del actual mandato presidencial, según quedó establecido en el texto convertido en ley.
