Una de las principales batallas del Gobierno se dará en los próximos días cuanto toque negociar la reforma laboral. Atención especial al impacto fiscal.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno transita días decisivos en el Senado, donde el oficialismo pretende sesionar antes del 13 de febrero para aprobar el proyecto y girarlo a Diputados. En ese escenario, los bloques dialoguistas ponen la lupa sobre el Ministerio de Economía y las definiciones que pueda tomar Luis Caputo.
Con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias a punto de comenzar, el oficialismo libertario insiste en avanzar con la reforma laboral entre el 11 y el 12 de febrero. El recorrido del proyecto se inició en diciembre pasado, cuando se logró un dictamen de mayoría tras una primera dilación, y ahora se encamina a una etapa clave marcada por negociaciones políticas y pedidos de modificación.
Mientras se aguarda una reunión entre los senadores dialoguistas y la jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, en la Casa Rosada afinan la estrategia legislativa. Más allá del contenido del proyecto, en el Gobierno consideran que una aprobación en el Senado allanaría el camino para que Javier Milei llegue fortalecido al inicio del período ordinario de sesiones, el próximo 1 de marzo.
En el Senado, La Libertad Avanza tiene claro que el respaldo de gobernadores con influencia sobre sus legisladores resulta determinante para conseguir la aprobación. Con algunos acuerdos ya cerrados, el oficialismo busca sumar apoyos adicionales entre senadores provinciales sin una conducción política clara, un terreno que suele presentar mayores exigencias y tensiones.
El principal foco de resistencia está puesto en el impacto fiscal de la reforma, en especial en la coparticipación. Los aliados advierten sobre las consecuencias para las provincias y reclaman precisiones al Ministerio de Economía, que concentra decisiones clave vinculadas a beneficios impositivos, Ganancias y la reglamentación futura de varios artículos del proyecto.
En ese marco, los dialoguistas también pidieron limitar la amplitud de facultades que el dictamen le otorga a Economía para reglamentar aspectos centrales de la ley una vez sancionada. Entre ellos se encuentran el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y otros instrumentos tributarios que despertaron objeciones en las negociaciones previas.
Mientras tanto, las discusiones estrictamente vinculadas al mundo laboral quedaron relegadas a un segundo plano y el kirchnerismo mantiene un bajo perfil en la Cámara alta. Todas las miradas están puestas ahora en la reunión prevista para el martes próximo, cuando oficialismo y aliados volverán a sentarse a la mesa y comenzarán a definirse las chances reales de que la reforma laboral llegue al recinto antes del 13 de febrero.
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