jueves 25 de julio de 2024

El insólito requisito que prevé la Ley Ómnibus de Javier Milei para reunirse en la calle

La Ley Ómnibus enviada al Congreso Nacional por el Gobierno nacional, propone insólitos cambios en el apartado de manifestaciones en la vía pública.

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La "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", más conocida como "Ley Ómnibus", ya fue enviada al Congreso Nacional por el Gobierno y propone endurecer las penas y agregar nuevas contra quienes corten el tránsito, en línea con el nuevo "Protocolo Antipiquetes". En ese marco, el paquete de medidas incluye un insólito requisito que se deberá cumplir cuando se junten tres o más personas en el espacio público.

En el Capítulo I del proyecto establece la sustitución del artículo N° 194 del Código Penal, que prevé penas de 3 meses a 2 años de prisión. El nuevo texto plantea que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a 3 años y 6 meses".

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Además de agravar esa condena, se suma que para quien porte un "arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de 2 a 4 años de prisión". También incorpora a quienes "organicen o coordinen una reunión o manifestación" que corte el tránsito "serán reprimidos con prisión de 2 a 5 años, estén o no presentes en la manifestación o acampe".

Al mismo tiempo, se plantea que "le corresponderá pena de prisión o reclusión de 3 a 6 años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta".

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La "Ley Ómnibus" tiene más de 600 artículos en los que agrega y modifica leyes existentes.

Las disposiciones de la Ley que recibió el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, van en sintonía con el "protocolo antipiquete" establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich. En ese sentido, en el artículo N° 331, se destaca la definición de manifestación como toda "congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público".

La norma también crea la figura de "organizador", como quien "convoque a otras personas a participar de la reunión", "coordine a personas para llevar a cabo la reunión", "provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión" o "pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes". El texto señala a su vez que a los organizadores se los considerará como "solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación".

Entre los puntos más llamativos, sin embargo, se encuentra el que establece que "toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de 48 horas" y puntualiza: "En dicha notificación deberán detallar las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados".

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El Gobierno busca controlar la organización de las manifestaciones.

El Gobierno busca controlar la organización de las manifestaciones.

Finalmente, dice, en cuanto a las manifestaciones espontáneas, como las que se realizan de forma frecuente en La Plata en la esquina de 7 y 50, que la notificación al Ministerio de Seguridad "deberá curarse con la mayor antelación posible" y que una vez recibido el aviso, esa cartera "podrá oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional", así como podrá plantear "modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización".

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