El Gobierno avanza con la revisión integral del Estado, prepara recortes del gasto público, cambios en organismos y reducción de personal antes de 2027.
El gobierno nacional prepara una nueva etapa de cambios en la administración pública con la mira puesta en 2027. La Casa Rosada y el Ministerio de Desregulación analizan modificaciones sobre organismos y estructuras estatales luego de que el Congreso rechazara la reforma impulsada por decretos delegados en 2025.
El Ejecutivo busca que la nueva iniciativa permita avanzar sobre áreas que habían quedado alcanzadas por aquella reforma, aunque con un criterio diferente al proyecto original. La evaluación ya no parte de una nómina cerrada, sino de un análisis de funciones, presupuestos, dotaciones, presencia territorial y posibles superposiciones con provincias y municipios.
"Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no", expresaron desde Nación sobre el alcance de la revisión. El Gobierno apunta a detectar estructuras que puedan eliminarse, fusionarse o modificarse durante los próximos meses, mientras mantiene el objetivo de profundizar la reorganización del Estado.
La diferencia con el esquema que comenzó a redactarse a principios de año es que la nueva revisión no define de antemano qué organismos serán incluidos. Los equipos de Federico Sturzenegger trabajan sobre cada dependencia para determinar cuáles requieren cambios y cuáles continuarán con su estructura actual.
El antecedente inmediato incluye la disolución que se había dispuesto para Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas; y la transformación del INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo debió restablecer esas estructuras. Ahora, la Casa Rosada busca avanzar con una nueva propuesta que tenga respaldo legislativo y que incorpore cambios sobre esos organismos y otras dependencias del Estado.
El plan oficial también contempla continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y recortes en la planta permanente cuando existan procesos de reestructuración.
El último informe del Ministerio de Desregulación sostiene que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se redujeron 71.029 puestos de trabajo en el sector público, equivalentes al 14,1% de la dotación total. El Gobierno calcula un ahorro acumulado de US$2.814 millones. En paralelo, un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había registrado que durante la presidencia de Javier Milei se eliminaron 69.769 puestos en el Estado nacional.
La baja fue más marcada en la Administración Pública Nacional y en las empresas estatales. La APN redujo su personal un 20,1% y las empresas públicas un 21,5%, mientras que dentro de la administración nacional la caída fue del 11,3% en las áreas centralizadas y del 15,9% en las descentralizadas.
En el mismo período, los contratos bajo la Ley Marco bajaron 26,4%, los convenios con monotributistas retrocedieron 48,6% y las plantas permanente y transitoria registraron una reducción del 15%.
El informe del INDEC publicado este jueves ubicó la dotación total de junio en 271.696 personas: 184.202 correspondientes a la Administración Pública Nacional y 87.494 a empresas y sociedades estatales. La reducción interanual fue del 6,8% en la APN y del 4,5% en las compañías públicas, mientras que solo durante junio la plantilla total cayó alrededor del 0,6%.
Para 2026, el oficialismo mantiene como referencia la meta de reducir otro 10% la dotación existente al comenzar el año, lo que representaría cerca de 27.000 puestos sobre una planta cercana a 279.000 empleados. En el Gobierno no confirman que ese objetivo se cumpla de manera uniforme y sostienen que la revisión dependerá de cada organismo.
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