En medio de las fuertes reformas laborales y la incesante pérdida del poder adquisitivo, el Gobierno argentino de Javier Milei adelantó que realizará una convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para intervenir el monto que marca el piso de los sueldos en el país y a partir del cual, además, se calcula buena parte de las ayudas sociales en el país.
El secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, confirmó la medida en las últimas horas y ratificó el llamado. "Vamos a convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, posiblemente los primeros días de enero", indicó al respecto.
La convocatoria se produce en medio de un amplio debate sobre un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce fuertes y resistidos cambios en la legislación laboral.
La norma, que incluye 366 artículos, recibió numerosas críticas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), varios sindicatos y asociaciones de abogados laboralistas, incluye la modificación de 26 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y una restricción del derecho a huelga. En defensa de estas medidas, Yasín argumentó: "El contenido del capítulo laboral tiene por objeto la generación de empleo, generar un estado de certidumbre y previsibilidad para el empleador y trabajador para motivar la generación de más fuentes laborales".
Entre los cambios más destacados se encuentra la ampliación del período de prueba de empleo y la exclusión de ciertos contratos de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre el tema de las indemnizaciones y multas por empleados no registrados, el secretario declaró a Clarín que "las multas no hacen previsible la relación laboral para los empleadores... no tuvo el resultado esperado porque el empleo informal sigue creciendo".
"El derecho de huelga no se modifica. Se mantiene el derecho constitucional de huelga. Lo que se hace es preservar a la población de los efectos de una medida de fuerza", explicó el funcionario argentino. Esta postura busca garantizar servicios mínimos en sectores esenciales, como transporte y salud.
La CGT y otros grupos han manifestado su preocupación y no descartan la posibilidad de acciones de protesta. A pesar de estas reacciones, Yasín sostuvo que las medidas buscan mejorar el mercado laboral: "Entendemos que no son justificadas las reacciones de la CGT ya que se está haciendo uso de una herramienta constitucional, que es el DNU", cerró al respecto.
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