El gobierno nacional anunció este martes que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría. La medida alcanza a beneficiarios de todo el país, que dispondrán de 30 días hábiles para presentar documentación médica y socioeconómica que permita revisar la continuidad de las prestaciones.
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El Gobierno mantiene suspendidas más de 21.000 pensiones por invalidez y exige nueva documentación
Los titulares de 21.812 pensiones por invalidez tendrán 30 días hábiles para acreditar que cumplen los requisitos y solicitar la revisión de la suspensión.
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y las organizaciones vinculadas a la discapacidad. Según explicó, la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de los beneficios ante la falta de antecedentes suficientes para verificar el cumplimiento de los requisitos.
Desde el Ejecutivo señalaron que las auditorías detectaron posibles inconsistencias médicas y patrimoniales, aunque aclararon que todavía no se realizaron presentaciones judiciales por los casos observados. La revisión busca determinar si los titulares continúan reuniendo las condiciones establecidas para acceder a la asistencia económica.
¿Cómo podrán reclamar los beneficiarios de las pensiones por invalidez?
El vocero explicó que las personas alcanzadas por la medida podrán presentar estudios médicos, documentación socioeconómica y otros antecedentes que permitan acreditar su situación. También tendrán la posibilidad de justificar su ausencia en las auditorías realizadas por el organismo.
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Los trámites podrán efectuarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el organismo. El plazo previsto para realizar las presentaciones será de 30 días hábiles.
"Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa", sostuvo el vocero presidencial.
Las presuntas irregularidades que el Gobierno investiga en las pensiones por discapacidad
El Ejecutivo argumentó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia. Por ese motivo, su otorgamiento no depende únicamente de la existencia de una discapacidad ni de contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Entre los aspectos observados durante las auditorías figura la existencia de bienes registrados a nombre de algunos beneficiarios. Sin embargo, desde el propio Gobierno reconocieron que esa circunstancia no constituye por sí sola una prueba de fraude, sino un elemento que requiere una evaluación particular.
Las autoridades también cuestionaron el crecimiento de las prestaciones durante la gestión de Alberto Fernández, al sostener que parte de las incorporaciones respondió a criterios políticos. No obstante, aseguraron que la revisión no debería perjudicar a quienes efectivamente cumplen con las condiciones para recibir la asistencia.
Por el momento, las 21.812 pensiones permanecerán suspendidas mientras se desarrolla el proceso de revisión administrativa. La continuidad de cada beneficio dependerá de la documentación presentada y de la evaluación que realice la Secretaría Nacional de Discapacidad.
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