Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y a Inocencia Fiscal, pero rechazó derogar las emergencias en discapacidad y universidades.
Tras una extensa sesión y negociaciones de último momento, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal impulsados por el Gobierno, pero el oficialismo sufrió un fuerte revés al fracasar la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, que ahora seguirán vigentes.
El oficialismo logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, pero no pudo avanzar con la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, uno de los puntos más sensibles del debate. El texto aprobado en general ahora será girado al Senado.
El proyecto refrendado recientemente por Javier Milei busca responder a cuatro desafíos centrales, según informaron desde el Gobierno.
La reforma laboral prevé eliminar ocho impuestos nacionales y reducir el total de tributos, aunque la recaudación seguiría concentrada en pocos gravámenes.
Se trata del primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, luego de dos años consecutivos en los que el Gobierno recurrió a prórrogas del esquema de gastos e ingresos aprobado en 2023. La votación dejó expuestas las tensiones internas entre los aliados parlamentarios y marcó un límite político al oficialismo.
Para aprobar el proyecto en general, La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, bloques provinciales y peronistas disidentes que responden a distintos gobernadores. En tanto, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo, aunque fue clave para alcanzar el quorum inicial.
El mayor traspié para el Gobierno llegó durante la votación en particular, cuando varios aliados se negaron a convalidar el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Diputados de Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal, La Neuquinidad y Provincias Unidas se sumaron al rechazo, junto a una UCR que votó dividida.
La maniobra del oficialismo de agrupar artículos por títulos para evitar desmarques generó fuertes críticas de la oposición, que reclamó votar artículo por artículo. Pese a que el Gobierno logró imponer ese esquema al inicio de la sesión, el capítulo 11 terminó siendo rechazado por 123 votos contra 117 y 2 abstenciones.
Como consecuencia, no solo se mantuvieron vigentes las leyes de discapacidad y universidades, sino que también quedaron rechazados la inclusión de la coparticipación de CABA y un aumento de $21.000 millones para el Poder Judicial, incorporados a último momento en el mismo capítulo.
El plan de gastos e ingresos del oficialismo prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar que alcanzaría los $1.423 en diciembre de 2026. Según el Gobierno, el superávit primario sería del 1,5% del PBI y el financiero del 0,2%, con exportaciones en alza del 10,6%.
Desde la oposición cuestionaron la viabilidad de esas previsiones y advirtieron que el esquema profundiza el ajuste. Legisladores del peronismo y la Coalición Cívica señalaron que el Presupuesto es “ilusorio” y que subestima la inflación real que afronta la economía.
Durante las semanas previas, la Casa Rosada reforzó el vínculo con gobernadores aliados mediante Aportes del Tesoro Nacional. El ministro del Interior, Diego Santilli, distribuyó $66.000 millones entre Tucumán, Misiones y Chaco, y también ofreció incluir fondos por coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema.
Sin embargo, esas concesiones no alcanzaron para blindar el capítulo más conflictivo. El propio presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, cuestionó la maniobra del oficialismo y anticipó que el tema tendrá continuidad en el Senado, donde el Gobierno buscará revertir el resultado.
Tras la aprobación de Inocencia Fiscal, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, impulsó la designación de los representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación. La moción provocó el retiro del recinto del PRO, la UCR y Provincias Unidas, en rechazo a un acuerdo entre el oficialismo, el peronismo y gobernadores del norte.
Bornoroni propuso a Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti en representación de los gobernadores, lo que abrió un nuevo foco de conflicto político en una sesión ya marcada por fuertes tensiones.