A pocos días de la Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo martes, en rechazo del ajuste presupuestario que lleva adelante el Gobierno nacional de Javier Milei; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, advirtió que avanzarán sí o sí con una auditoría "pase lo que pase, hagan lo que hagan".
El mensaje que lanzó el funcionario en X fue replicado este sábado por el presidente, cuando desde la conducción de las altas casas de estudio insisten en rechazar esta posibilidad al alegar que la Constitución Nacional pregona la autonomía de las universidades.
"Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR", sostuvo Álvarez, quien alegó que la "fiscalización" de estos gastos está en la ley 24.521 de educación superior.
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El funcionario argentino sumó además una captura en la que se puede leer parte del Artículo 2 de aquella legislación. "El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción", señala el extracto compartido por el subsecretario, que responde a la superestructura del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.
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La marcha del 23 de abril en defensa de las universidades públicas será multitudinaria.
La Ley dice, además, en el Artículo 59 bis, que el control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia "directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación", como así también que deben generar "mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos".
Cuando el jueves por la noche en Capital Humano enviaron un comunicado que aseguraba que habían llegado a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar los aportes en 70%, lo que luego fue desmentido desde las casas de altos estudios; en la cartera de Pettovello además aseguraron que habían alcanzado un entendimiento para generar una "auditoría conjunta".
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Las consignas de los estudiantes son contra el Gobierno de Javier Milei y el ajuste que promueve contra las universidades públicas.
De hecho, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, negó que el Gobierno esté habilitado para controlar las cuentas de las universidades. "Habría que modificar algo para eso. En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se dispone la autonomía de las universidades, donde el Poder Ejecutivo no tiene posibilidad de inmiscuirse. Hay una auditoría propia y hay personas externas que colaboran con la universidad, pero el Poder Ejecutivo no puede auditarnos", sentenció al respecto.
Los recortes a las universidades y la polémica por los fondos anunciados
Durante la noche de este jueves, el área que conduce Petovello anunció que las asignaciones que envía el Tesoro se incrementarán un 70% respecto del mes de marzo y otro porcentaje igual en el mes de mayo, lo que representará una recomposición del 140%; y habló de un "acuerdo" con las universidades públicas de todo el país, pero en las últimas horas las autoridades de esas casas de estudio negaron que hubieran existido conversaciones y que ese incremento hubiera sido convenido por las partes.
"No se trata de un acuerdo sino de un anuncio del Gobierno", expresaron en el CIN y añadieron: "Sostenemos el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantes, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras".
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El duro comunicado de la CIN que desmintió el presunto "acuerdo" con el Gobierno nacional.
En el contundente escrito, que cuena con seis puntos destacados, las autoridades universitarias de todo el país también ratificaron la realización de la masiva movilización que tendrá epicentro en la Capital Federal, pero también réplicas en otros puntos del país. "La marcha convocada para el 23 de abril, a la que convoca y adhiere el CIN, se realizará como estaba prevista, pues es una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema político y científico nacional", aclararon al respecto.
"Valoramos que se reconozca parte de lo que venimos reclamando, sustancial e ineludible, para el formal funcionamiento de nuestras instituciones. Quedamos a la espera de la invitación en la que se nos comparta, formalmente, la medida, a la que asistirá el Comité Ejecutivo del CIN", concluyeron en la carta que fue publicada a través de las redes sociales del organismo.
El aumento anunciado por el Gobierno
El Ministerio de Capital Humano argentino informó que las asignaciones que envía el Tesoro nacional a las universidades públicas se incrementarán un 70% respecto del mes de marzo y otro porcentaje igual en el mes de mayo, lo que totalizará una recomposición del 140% de acuerdo con los datos oficiales.
"De acuerdo a lo previsto por el Gobierno nacional, se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661", detallaron las autoridades de la citada cartera.
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Los docentes universitarios reclaman, en medio de los fuertes recortes presupuestarios, un nuevo aumento salarial a causa de la alta inflación.
Foto: AGLP
En las universidades, sin embargo, no recibieron el anuncio de la mejor manera y es que apuntaron que esa suma es, a todas luces, insuficiente en medio de un contexto económico en el que la inflación interanual se ubica en torno al 300%.