La iniciativa para implementar la Boleta Única tiene media sanción en Diputados y el Gobierno intentará convertirla en ley en el segundo semestre del año.
El Gobierno buscará impulsar la reforma electoral en el Congreso de la Nación con un paquete de iniciativas que incluye la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y la Casa Rosada intentará convertir en ley en el segundo semestre del año.
La medida permitiría, según el cálculo de la gestión, se ahorrarían $8.000 de cara a las elecciones de 2025. En ese marco, además del obvio motivo económico, en La Libertad Avanza (LLA) sostienen que también pretenden combatir un viejo accionar de la política que tiene que ver con el reparto de boletas en sobres cerrados en la previa de los comicios.
Según publicó el diario Clarín, la maniobra apunta además a atacar los "negocios" de los partidos más chicos que después de cobrar el dinero del Ejecutivo no lo destinaban a la impresión de las boletas. A diferencia del actual sistema, en las que cada partido debe ocuparse de imprimir las boletas oficializadas por la Justicia, con la BUP los papeles serían distribuidos por el Estado y solo se podrán encontrar en la mesa de votación el día de la elección. Estas boletas tienen garantías de confección como un troquelado y número de mesa. Se entrega un número acorde a la cantidad de electores del distrito más un 5% de reposición.
El Gobierno se inclina por implementar a nivel nacional el modelo cordobés de Boleta Única que permite elegir un partido político con una sola marca en las distintas categorías (presidente, diputados, senador, etc.). La ubicación en la boleta de cada candidato y partido se sortea.
Aprobar la boleta única significaría imprimir millones de boletas menos al reducir gastos en impresión de papel, menos logística y una reducción en la compra de materiales de embalaje al reducir la cantidad de cajas, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno.
Según pudo saber TN.com.ar, en 2023, el Estado destinó unos $13.000 millones para el financiamiento de la impresión de las boletas que los partidos políticos utilizaron en el marco de las elecciones ejecutivas que se realizaron en todo el país y terminaron consagrando a Javier Milei como presidente, con un balotaje mediante.
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