El Gobierno anunció la evaluación y baja de programas de la excartera de Ciencia que no cumplan con los objetivos estratégicos o tengan irregularidades.
El Gobierno de Javier Milei decidió profundizar el ajuste en el sector científico y confirmó la eliminación de programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación que "deban rendiciones, estén vencidos y no aporten al crecimiento del país".
De acuerdo con la Resolución N° 10/2025 publicada en Boletín Oficial, la medida pretende optimizar los recursos públicos y redirigir las políticas científicas hacia sectores prioritarios como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación en salud. Del mismo modo, se prevé la recuperación de fondos de aquellos programas que no alcanzaron niveles mínimos de ejecución.
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"Todas las áreas del ESTADO NACIONAL deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población. Existe la imperiosa necesidad de reducir el gasto público, y establecer medidas para racionalizar los recursos públicos y redirigirlos hacia áreas estratégicas", dice el texto publicado.
La eliminación, según publica el diario La Nación, la revisión de unos 70 programas y convenios de generará un ahorro total de 1.867.449.931 pesos o 1.753.474 dólares, considerando el valor del dólar oficial.
El organismo encargado de evaluar cada programa y definir su continuidad o baja será el responsable de identificar convenios vencidos sin ejecución, transferencias de fondos inutilizadas y proyectos que duplicaban funciones con otras áreas. En caso de detectarse incumplimientos, se exigirán devoluciones económicas con intereses y, de ser necesario, se procederá a iniciar acciones legales, según informaron en la Secretaría.
La normativa, según el Ejecutivo, responde a un contexto de emergencia económica y financiera decretado en diciembre de 2023. Los fundamentos del documento oficial indican que el país enfrenta una crisis de gravedad "inédita" y esto obliga a adoptar medidas urgentes para reducir el gasto público y optimizar los recursos disponibles. En este contexto, las políticas científicas fueron reorientadas para alinearse con el Plan Estratégico 2024-2025, que prioriza sectores vinculados al crecimiento económico y al desarrollo estratégico nacional.
El objetivo principal, según el texto, es equilibrar las cuentas públicas y destinar los recursos escasos a necesidades urgentes de la población y responde a una instrucción de Jefatura de Gabinete a todas las áreas del Estado a realizar un análisis exhaustivo de sus estructuras presupuestarias para identificar gastos innecesarios o superpuestos. La Secretaría, que actualmente depende de dicha área, fue creada el 6 de junio de 2024 con Darío Leandro Genua como secretario y Guillermo Francos a cargo de la jefatura, un cambio que marcó el paso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que había funcionado durante la presidencia de Alberto Fernández, a su actual formato.
En total se espera que unos 70 programas sean evaluados, algunos de los cuales ya han sido identificados para su eliminación. Entre ellos se encuentra el Programa de Subsidios Extraordinarios, diseñado para cubrir gastos imprevistos en actividades científicas y que desaparecerá debido a que muchos de los subsidios otorgados no cumplían con los criterios de imprevisibilidad que justificaban su existencia.
Entre los beneficiarios de ese programa se encuentran la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, que recibió $39.955.000 para el diseño museográfico de la Casa por la Identidad; la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que obtuvo $42.620.000 para una muestra cultural; y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que recibió desembolsos de $33.179.949 y $57.834.090.