El Gobierno resignó el cambio sobre la compra de tierras rurales por extranjeros para evitar una derrota y sostener la sesión en el Senado.
La decisión del oficialismo de retirar el capítulo sobre la venta de tierras rurales a extranjeros cambió el escenario en el Senado. Tras una serie de rechazos de aliados y gobernadores, el Gobierno resolvió sacar ese punto del proyecto para intentar garantizar la sesión prevista para este jueves.
La determinación se terminó de definir durante la tarde de este miércoles, luego de una reunión entre los bloques aliados y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien venía impulsando modificaciones a la legislación sobre la propiedad de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Con este cambio, el oficialismo pretende sostener la sesión convocada para las 14 de este jueves, que había quedado pendiente tras el cuarto intermedio dispuesto el mes pasado. La estrategia apunta a evitar que el rechazo al capítulo más controvertido termine complicando el tratamiento del resto de la iniciativa.
La marcha atrás llegó después de que varios senadores que inicialmente aparecían como acompañantes del proyecto comenzaran a expresar dudas e, incluso, adelantaran su rechazo. Ese escenario dejó al Gobierno sin los respaldos necesarios para aprobar la reforma tal como había sido presentada.
A ese panorama se sumó la postura de dos gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada: Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Rolando Figueroa, de Neuquén. Ambos hicieron público su rechazo al apartado referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, profundizando las dificultades para reunir los votos.
Incluso, el desacuerdo alcanzó a sectores del PRO, donde al menos un senador decidió despegarse de la postura impulsada por Bullrich al advertir que legisladores de su propia provincia tampoco acompañarían ese capítulo del proyecto.
La propuesta que finalmente quedó descartada mantenía la prohibición para que los Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en el país. Sin embargo, habilitaba la compra por parte de empresas con participación estatal extranjera siempre que contaran con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el texto elevaba del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos de personas o empresas extranjeras dentro de cada provincia. También establecía la obligación de inscribir cada adquisición en los registros inmobiliarios provinciales, consignando la nacionalidad del comprador y, cuando correspondiera, las autorizaciones exigidas.
Con el retiro de ese apartado, el oficialismo apuesta a destrabar la discusión y concentrar el debate en el resto del proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, con la expectativa de sostener la sesión convocada para este jueves en la Cámara alta.
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