La Libertad Avanza ajustó el proyecto para sumar apoyos políticos y busca convertirlo en ley con respaldo de sectores aliados.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, comunicó las modificaciones incorporadas al proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en la previa de una sesión clave para el oficialismo.
Durante la presentación, la senadora destacó que la iniciativa establece un límite del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros. Además, remarcó que los estados extranjeros no podrán adquirir terrenos en el país.
La Libertad Avanza volverá al Senado tras las vacaciones de invierno con una agenda que incluye la Ley de Propiedad Privada y el régimen de grandes inversiones.
Tras negociar con bloques aliados, el Gobierno modificó la iniciativa y buscará aprobarla en la próxima sesión del Senado.
“Pusimos un límite de 25% a la compra de tierras para extranjeros”, informó Bullrich. “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto”, agregó la titular de la bancada libertaria.
Entre las modificaciones incluidas en el dictamen figura que las adquisiciones de tierras rurales realizadas por personas humanas o jurídicas extranjeras deberán quedar registradas en los registros inmobiliarios provinciales.
El artículo 25 del proyecto establece que esas operaciones deberán inscribirse con un asiento especial que detalle los datos y la nacionalidad del adquirente. También contempla controles adicionales para entidades con participación estatal extranjera.
“Las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, señaló Bullrich.
La senadora también destacó el respaldo obtenido de sectores aliados y afirmó que el texto consensuado representa un acuerdo entre distintos espacios políticos. “Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques”, sostuvo.
El dictamen incorpora cambios en el régimen de expropiaciones previsto en la Ley 21.499. La propuesta oficial busca establecer criterios más específicos para definir cuándo un bien puede ser declarado de utilidad pública.
La normativa vigente permite expropiar bienes considerados necesarios o convenientes para cumplir un objetivo de utilidad pública, sin diferenciar si pertenecen al dominio público o privado.
Con la reforma planteada, el Gobierno mantiene ese principio general, aunque agrega que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y precisar el objetivo concreto que justifica la medida.
Además, el proyecto establece que una expropiación solo podrá avanzar si constituye un mecanismo idóneo, necesario y proporcional para alcanzar el fin de interés público señalado. Bullrich vinculó estas modificaciones con la intención de establecer reglas más claras dentro de la legislación.
