El fiscal que investiga la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género rechazó el pedido del expresidente y la causa seguirá en Comodoro Py.
El fiscal Ramiro González, que investiga la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, rechazó el pedido del exmandatario para que el expediente pase a la Justicia de San Isidro y remarcó que el trámite debe permanecer en los tribunales federales de Comodoro Py.
La resolución rechaza el planteo de "incompetencia" que había formulado la defensa de Fernández argumentando que "más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponda asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo". "Estas características imponen un comportamiento prudente a la hora de definir la intervención del juez que habrá de intervenir en razón del territorio pues, justamente, el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado", añadió el magistrado.
Javier Milei relacionó el cierre de locales a los cambios en el consumo, mientras un informe revela que el 9,6% de los comercios de La Plata están vacíos.
El Gobierno impulsa un proyecto para desregular el mercado inmobiliario, eliminar precios mínimos y permitir que cada profesional fije sus honorarios.
La defensa del exmandatario había planteado que, por tratarse de hechos de violencia que habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, el expediente debía pasar al poder judicial de la ciudad en la que se encuentra emplazada la residencia presidencial. No obstante, el fiscal sostuvo en su escrito que la declaración de incompetencia territorial solicitada "se presenta como prematura".
"Según la opinión del Misterio Público Fiscal, corresponde que, por el momento, el caso quede bajo la competencia del Sr. juez federal delegante con el objeto de esclarecer los extremos relevantes de la pesquisa, determinar definitivamente el objeto procesal, y asignar las calificaciones legales del caso como paso previo a decidir, de un modo definitivo, acerca de la asignación territorial que pudiere corresponder", sostuvo González.
El expresidente también realizó un pedido formal para prohibir la difusión de sus fotos y videos en medios de comunicación convencionales y digitales y reclamó que, además, se eliminen las imágenes que ya se publicaron.
El exmandatario realizó el planteo tras haber sido imputado solicitó "por derecho propio" que se prohíba la publicación de cualquier material suyo de carácter íntimo, con el argumento de que las imágenes que se publicaron y las que eventualmente se podrían difundir afectan su honor e imagen y dañan a sus hijos, Tani Fernández Luchetti y Francisco Fernández.
Fernández reclamó el dictado de una medida cautelar ante lo que advirtió que es una situación de "urgencia extrema" e impulsó una "acción preventiva de daños" contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (ENACOM). En esa línea, manifestó que los derechos que están en juego son "verosímiles y casi evidentes" y que la tutela judicial que debería haber "es esencial", por lo que reclamó una medida cautelar ante el fuero Civil y Comercial Federal apuntando, además de los canales tradicionales de comunicación, a las empresas digitales Google, Facebook, X y Yahoo.
En su presentación mencionó que "recientemente se vienen publicando y difundiendo fotos y videos que falazmente se me atribuyen por parte de diversos medios y figuras públicas". "Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos", cerró al respecto.