En el marco de las elecciones generales, más de 35 millones de argentinos pasarán por el cuarto oscuro este domingo. Pero este no será el caso de los ocho rugbiers condenados en primera instancia por el crimen de Fernando Báez Sosa. Los jóvenes que se encuentran alojados en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, en las afueras de La Plata, no podrán participar de la jornada electoral.
Aunque su sentencia no está firme, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Ayrton Viollaz (24), Ciro Pertossi (23), Lucas Pertossi (24), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (22) y Luciano Pertossi (21) tendrían derecho a votar pero deberán ser trasladados a una unidad penal para hacerlo, ya que en las alcaidías bonaerenses este evento no puede desarrollarse.
El Gobierno de Javier Milei buscará consensos con la oposición para tratar temas clave como la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y la designación de jueces.
Los delincuentes simulan ser representantes de Vialidad Nacional u otras empresas, solicitan información personal y van por las cuentas bancarias.
Para poder sufragar, se debe hacer un pedido ante la Justicia, tal como ocurrió con L-Gante en las PASO. A través de su abogado, el músico de cumbia 420 logró que lo trasladaran hasta la Unidad Penitenciaria Número 58 de Ingeniero Budge, para cumplir con su obligación ciudadana.
En el caso de los rugbiers y conforme a lo dicho por su abogado, Hugo Tomei a TN, los jóvenes no serán trasladados para sufragar y “no votarán en ningún lado”, remarcó el letrado. Aunque en caso de un presunto balotaje podrían participar si cumplen con lo que exige la ley.
Según la Dirección Nacional Electoral, se reconoce el derecho a votar a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva. Si la persona procesada está detenida en un distrito electoral diferente al que le corresponde por su domicilio registrado, votará en el establecimiento donde se encuentra alojada y el voto se computará para el distrito donde está empadronada.
Aunque en diciembre del 2022 la Cámara Nacional Electoral emitió un fallo que rehabilita el “derecho al sufragio a personas condenadas con sentencias penales firmes en las cárceles de todo el país”, hasta el momento en Argentina, solo pueden votar quienes permanecen procesados o con una pena en primera instancia y que aún conservan el principio de inocencia.