Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ya analiza cuánto implicaría el costo de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Crecen las tensiones por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó su puesta en marcha. El gobierno nacional cuestiona la falta de definición de partidas presupuestarias y advierte un impacto fiscal de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos, mientras sectores universitarios celebran la decisión judicial.
Desde el Poder Ejecutivo se insiste en que la norma fue sancionada sin detallar el origen de los fondos necesarios para su implementación. En ese marco, se sostiene que la medida podría comprometer el equilibrio fiscal y obligar a una expansión monetaria con impacto inflacionario.
En la interpretación oficial, se advierte que la Ley de Administración Financiera exige que toda iniciativa que implique gasto público especifique su fuente de financiamiento. Bajo ese criterio, el Ejecutivo afirma que la falta de esa definición deja al Estado ante un escenario de presión sobre las cuentas públicas.
Desde el sector universitario, referentes gremiales como la secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, remarcaron el alcance del fallo y expresaron críticas a la postura oficial, al señalar que existe un rechazo extendido dentro de la comunidad académica y que se evalúa retomar medidas de fuerza en el próximo cuatrimestre.
En paralelo, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, sostuvo que la decisión judicial ratifica el cumplimiento de la norma y remarcó el carácter alimentario de los salarios docentes y no docentes.
Finalmente, el Gobierno indicó que el fallo no define la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley y confirmó que se solicitará a la SIGEN reforzar las auditorías sobre la administración de fondos en las universidades públicas.
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