El Gobierno busca eliminar el monopolio del Banco Provincia en sueldos estatales y avanza en privatizar el Banco Nación para fomentar la competencia financiera.
El gobierno nacional solicitó a la Provincia de Buenos Aires que elimine la exclusividad del Banco Provincia (BAPRO) en el pago de sueldos estatales. La iniciativa busca fomentar la libre competencia y permitir que los municipios elijan la entidad bancaria que ofrezca mejores condiciones para sus trabajadores.
La Secretaría de Industria y Comercio, a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), instó al gobernador Axel Kicillof revisar el marco normativo que otorga al BAPRO el monopolio en la gestión de los salarios estatales. Este esquema se encuentra vigente desde 1979 gracias al Decreto/Ley N° 9.434 y la Ley Provincial N° 14.881.
El proyecto fue presentado por LLA y propone derogar la Ley N° 14.848 que fijó que las listas deben estar integradas 50% por hombres y 50% por mujeres.
A partir del 1° de febrero entra en vigencia el tercer tramo del aumento de la VTV dispuesto por el Ministerio de Transporte en septiembre de 2024.
"Se recomienda un cambio de normas que asegure la libertad de elección y la competencia", aseguró la CNDC en el documento difundido. Asimismo, se destacó que la medida podría generar mejores condiciones tanto para los municipios como para los empleados públicos de la provincia.
El comunicado también detalla que "la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio llama a restablecer la competencia en el pago de sueldos de empleados municipales, un servicio que hoy solo puede brindar el BAPRO debido al Decreto/Ley N° 9.434 del año 1979 y la Ley Provincial N° 14.881. Estas normas impiden que los municipios puedan licitar el servicio y elegir la entidad bancaria que ofrezca mejores condiciones".
Según el análisis de la CNDC, el sistema actual "beneficia a un solo banco al imponer a los municipios y otros organismos públicos el uso exclusivo de sus servicios para el pago de sueldos. Esta regulación limita la competencia al desincentivar la libre elección y favorece de manera indebida a una entidad en detrimento de otros actores del sistema financiero, tanto públicos como privados".
La resolución también establece la necesidad de informar al Banco Central de la República Argentina sobre el dictamen de la CNDC. Desde el Gobierno nacional indicaron que esta acción busca "simplificar procesos, normalizar la economía y mejorar la competitividad, promoviendo un entorno justo donde no se otorguen ventajas indebidas, sino que se fomente la libre competencia y la eficiencia en el mercado".
En paralelo, el Ejecutivo nacional avanza con su intención de privatizar el Banco Nación. Su presidente, Daniel Tillard, ya había anticipado a principios de 2024: "La transformación en Sociedad Anónima es central para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión del BNA. Un comienzo será reemplazar la sindicatura unipersonal actual a favor de una sindicatura colegiada de tres miembros como en todas las sociedades".
Recientemente, la entidad emitió un comunicado en el que reafirmó esta postura: "La transformación en SA es imprescindible para que el banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias". Con esta iniciativa, el Gobierno busca modernizar la gestión de la principal banca pública del país, permitiendo una mayor competitividad y fortaleciendo su rol en el financiamiento del sector productivo.