El paro, convocado para este jueves, busca rechazar las políticas de Javier Milei y denunciar tanto los despidos masivos como la pérdida del poder adquisitivo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro organizado por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), previsto para este jueves, como señal de rechazo a las políticas implementadas por el presidente Javier Milei.
La movilización también contará con la participación de organizaciones sociales, sindicatos, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y agrupaciones políticas. Mercedes Cabezas, secretaria general de ATE a nivel nacional y empleada del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), expresó que con esta medida buscan demostrar que “la unidad de la clase trabajadora da resultados”.
El PAMI dejará de entregar medicamentos de forma gratuita a gran parte de los jubilados y pensionados. Para mantener el beneficio hay que hacer un trámite.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero busca agilizar los trámites en los contratos de alquiler y reducir la burocracia.
Cabezas señaló que el 2024 ha sido particularmente difícil para los trabajadores estatales. “Desde febrero estamos sufriendo despidos en todo el país. Las modalidades han sido muy distintas pero en todas buscan el mismo objetivo: dejar sin ingresos a familias enteras”, afirmó.
Asimismo, criticó la postura de la Confederación General del Trabajo (CGT), indicando que no comprende “cómo no convocan a un paro”. En sus palabras, “no hay solidaridad o no pertenecen a la misma clase”. Según detalló la dirigente, “55 de 185 altos funcionarios públicos tienen participación en directorios de empresas privadas” y son los responsables de “arrastrar a familias enteras a la pobreza” debido a la devaluación de los salarios, que no alcanzan para cubrir la canasta básica.
“No les permiten tener vidas dignas, no pueden acceder a derechos básicos como la salud, la educación o una vivienda y ni hablar de la violencia y discriminación legitimados también desde esos mismos funcionarios”, concluyó Cabezas.
Por otro lado, la CTA publicó recientemente un informe que analiza la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el cual se evidencia “una pérdida brutal de poder adquisitivo” desde diciembre de 2023. Este impacto, según el documento, se debe al efecto de la devaluación y su repercusión en los precios.
“El salario mínimo en octubre sólo alcanza para adquirir el 54,3% de la canasta básica de alimentos, que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza”, remarcaron en el informe.