La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) realizo en Misiones su 62º Asamblea General y difundió un profundo análisis sobre libertad de expresión.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó este viernes el informe elaborado por la Comisión de Libertad de Expresión en el marco de la 62ª Asamblea General que se realiza en Posadas, Misiones.
Allí se sostiene que desde el regreso de la democracia, la Argentina vivió períodos de avances y retrocesos de la libertad de prensa, "con etapas de etapas de involución, como las de 2008 a 2015 –anticipada por algunos hechos de gravedad desde 2003– y momentos en los que se dieron pasos relevantes para ampliar o consolidar niveles de esa libertad que permitieron al periodismo desarrollarse con el vigor que requiere el ejercicio de sus funciones".
Su presidente Martin Etchevers dijo durante la apertura de la asamblea de Adepa que "la libertad de expresión nunca está consolidada".
0221.com.ar accedió a las conversaciones en las que se constatarían que los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso sabían de las filmaciones.
Se menciona en el informe a la reforma constitucional de 1994 que consagró la protección de las fuentes de información después de largos debates en los que se desecharon proyectos que iban en un sentido contrario. Un año antes se había eliminado la figura del desacato y, con el paso de los años, se sumaron otros importantes adelantos, como la despenalización de las calumnias e injurias en 2009, y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazaron el uso de la publicidad oficial como castigo por la línea editorial de un medio.
También se menciona la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, como otro de los hitos recientes. "Hasta ese año, la Argentina era uno de los únicos tres países de Sudamérica que no tenía una ley de ese tipo, junto con la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Nicolás Maduro".
"Resulta preocupante, entonces, el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general. Estas limitaciones van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia. Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de 'máxima divulgación' y establece excepciones de alcance limitado", asegura el informe respecto de la situación actual.
Ya agrega que los funcionarios tienen derecho a resguardar su privacidad y hay aspectos específicos de la gestión gubernamental que, por su naturaleza, pueden quedar fuera del conocimiento público. "Pero en los regímenes democráticos estas excepciones deben ser de alcance restringido, justificado y transitorio. La transparencia es la regla; el secreto, la excepción", se aclara no obstante.