La defensa pidió anular la acusación de Raquel Boccardo y reclamó en La Plata su libertad. Sostiene que no se precisó qué conducta concreta se le atribuye.
La defensa de Raquel Boccardo, la enfermera del Servicio Penitenciario Bonaerense detenida en la causa que tramita en La Plata y en la que se investiga presuntas torturas y abusos sexuales en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, presentó un planteo de nulidad de la acusación y de las medidas que derivaron en su detención y reclamó su inmediata libertad.
La presentación fue realizada por el abogado Cristian González, quien cuestionó uno de los aspectos centrales de la imputación contra la profesional sanitaria: según la defensa, la acusación no describe de manera concreta cuál habría sido la conducta delictiva realizada por Boccardo.
El planteo adquiere relevancia porque la enfermera es una de las 15 personas detenidas por orden del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, en el expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11.
Para entender el planteo hay que remontarse al 3 de junio de 2026, cuando una pelea entre dos internas de la Unidad 51 derivó en un operativo penitenciario. Según las denuncias que dieron origen a la investigación, durante ese procedimiento varias mujeres privadas de la libertad habrían sido víctimas de golpes, utilización de gas pimienta, amenazas, desnudez forzada, privación de agua y alimentos y otras formas de violencia. Además, algunas de las detenidas denunciaron abusos sexuales.
La investigación también alcanzó a autoridades de la unidad, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal de distintas áreas del penal, entre ellas sanidad. En ese contexto, Masi ordenó la detención de 15 penitenciarios. Entre ellos quedó Boccardo, quien cumplía funciones como enfermera.
González sostiene que la imputación contra su defendida utiliza fórmulas genéricas y no explica con precisión qué hizo, cuándo lo hizo y de qué manera esa conducta podría constituir un delito.
Uno de los puntos cuestionados es que, según la defensa, la acusación ubicaría a Boccardo en el lugar de los hechos o la mencionaría como parte del personal presente, pero sin describir una conducta concreta que permita atribuirle una participación criminal determinada.
Para el abogado, la mera presencia de la enfermera o su eventual participación como "apoyo numérico" no alcanza para construir una imputación penal.
La defensa plantea que una persona acusada debe conocer con claridad qué hecho específico se le atribuye, porque solamente de esa manera puede ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Por eso, González pidió que se declare la nulidad de las audiencias y de la orden de detención y que, como consecuencia, Boccardo recupere inmediatamente la libertad.
El planteo no apunta, en esta instancia, a determinar si los hechos denunciados en la Unidad 51 ocurrieron o no. La discusión que propone la defensa es anterior: si la acusación contra Boccardo está formulada con el grado de precisión necesario para que pueda defenderse.
En materia penal, la imputación debe individualizar el hecho que se atribuye a una persona. No alcanza, según el criterio que invoca la defensa, con señalar que alguien pertenecía a una determinada fuerza, estaba destinado en una unidad o se encontraba presente durante un procedimiento.
La persona acusada debe poder conocer cuál es el comportamiento que la fiscalía considera delictivo y cuál sería su vinculación con ese hecho.
González respaldó su planteo con jurisprudencia nacional e internacional y sostuvo que la descripción circunstanciada de la conducta imputada constituye una garantía vinculada directamente con el debido proceso y el derecho de defensa.
La presentación se conoce después de que Boccardo fuera llamada a indagatoria por Garganta. Al igual que el resto de los penitenciarios detenidos inicialmente, en esa primera oportunidad había optado por guardar silencio. Posteriormente, el lunes 14 de septiembre, la enfermera volvió a quedar en el centro de la actividad procesal de la causa y declaró asistida por González.
Ahora su defensa decidió avanzar con un planteo que busca directamente dejar sin efecto la imputación y la medida de coerción que mantiene a la profesional privada de su libertad.
Boccardo integra la nómina de 15 penitenciarios investigados por los hechos de Magdalena. Los restantes son Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.
Las defensas están a cargo de Gastón Jesser, Cristian González, César Albarracín, Darío Saldaño y Julio Beley.
La acusación investiga presuntas torturas y abusos sexuales, entre otros hechos que son materia de investigación, y atribuye distintos grados de participación a los imputados. Entre los acusados hay autoridades de la Unidad 51, integrantes del GIE y personal de sanidad.
Uno de los planteos defensivos que ya tomó estado público corresponde a Juan Antonio Juanena. Su defensa sostiene que el penitenciario permaneció apenas unos 40 segundos en uno de los sectores donde habrían ocurrido los hechos y cuestiona que esa presencia pueda justificar su vinculación con los delitos investigados.
Ahora, el planteo de González introduce una nueva discusión en el expediente: antes de determinar la responsabilidad de Boccardo, la defensa pretende que la Justicia revise si la acusación describe correctamente cuál fue su supuesto aporte a los hechos investigados.
La decisión quedará en manos del juez Masi, mientras Garganta continúa con la investigación destinada a establecer qué ocurrió durante el operativo en la cárcel de Magdalena y cuál fue la responsabilidad individual de cada uno de los penitenciarios imputados.
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