Sus abogados y el juez solicitaron el urgente alojamiento en una alcaidía de La Plata, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense no otorga la plaza.
En un hecho denunciado con características de tortura, una mujer lleva diez días alojada en una jaula de hierro en la sede de la DDI Ensenada donde debe estar todo el tiempo de pie a la espera de ser trasladada a una alcaidía departamental.
Fuentes del caso confirmaron a 0221.com.ar que tanto sus abogados defensores como el juez de Garantías requirieron con “urgencia” el traslado de la acusada a una alcaidía de La Plata. Según se desprende de la documentación a la que accedió este medio, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no se otorga el cupo correspondiente.
Un trabajador del Servicio Penitenciario bonaerense se fue de La Plata por unos días y lo desvalijaron.
Un suboficial principal del Servicio Penitenciario Bonaerense agonizó durante horas tras quedar gravemente herido por una pelea de tránsito en La Plata.
La acusada fue procesada por el delito de tenencia de drogas para su venta. Cuenta con la asistencia letrada de la abogada Brenda Haile y su colega Ricardo Callaba. La defensa y el juez ya llevaron el pedido de alojamiento a la Dirección Provincial de Alcaidías Departamentales del SPB, pero desde la repartición, al momento del cierre de esta nota, no había otorgado el lugar de alojamiento.
En las celdas linderas a las de la mujer están alojados dos varones adultos en conflicto con la ley Penal. Se tratan de pequeñas celdas que en la jerga penitenciaria se las conoce como "leoneras". Los abogados de la mujer ya preparan una denuncia que será presentada en el Comité contra la Tortura que funciona en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Además solicitaron el traslado de la acusada a un hospital para que sea tratada por cuadro de "pánico severo".
Cabe recordar que la Constitución Nacional establece que las cárceles “serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
Esta nueva denuncia que cae sobre el SPB se da luego de la denuncia de un juez de Garantías de La Plata sobre el funcionamiento de la Dirección de Monitoreo por presuntas irregularidades en la tramitación de tobilleras electrónicas para las personas morigeradas con arresto domiciliario.