Después de más de 5.270 días de espera, un largo derrotero judicial signado por irregularidades, una investigación fallida y una acusación sostenida en una única y débil prueba testimonial, el juicio oral por el brutal intento de homicidio en un pet shop de Tolosa tuvo este lunes su punto final: el acusado fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II de La Plata ante la orfandad absoluta de pruebas que permitieran demostrar su responsabilidad penal. La víctima, que debía declarar en la jornada clave, no pudo asistir por su delicado estado de salud y el fiscal Martín Chiorazzi decidió desistir de la acusación.
El hecho que se juzgaba ocurrió el 3 de enero de 2011, cuando Carlos Roldán, dueño de un pet shop ubicado en 7 entre 530 y 531, fue baleado en la cabeza y en un brazo durante un intento de robo. El ataque lo dejó al borde de la muerte y causó gran conmoción en Tolosa. Aquel episodio abrió una causa judicial que, entre demoras, prisión preventiva sin sustento y fallas graves en la instrucción, llegó este 2025 a juicio oral con escasos elementos.
Una víctima ausente y una acusación insostenible
Este lunes 9 de junio estaba prevista la declaración de Roldán, la víctima del hecho. Sin embargo, su hija informó que su padre se encuentra con un delicado estado de salud desde el ataque y que no estaba en condiciones físicas ni psicológicas para comparecer ante el tribunal. Con su ausencia, la acusación quedó completamente desprovista de sostén testimonial, dado que era la única persona que podía aportar datos directos sobre el autor del hecho.
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La causa por el robo e intento de homicidio en el pet shop de Tolosa volvió a foja cero en la justicia de La Plata.
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La situación llevó al fiscal de juicio, Martín Chiorazzi, a tomar una decisión contundente: desistió de la acusación al considerar que no contaba con ninguna prueba firme para sostener la culpabilidad del imputado.
El defensor particular del acusado, el abogado Humberto Pastor, celebró la actitud del fiscal: "Fue una decisión justa, basada en la objetividad y el respeto por las garantías del proceso".
Cabe señalar que los fiscales no están obligados a sostener la acusación sin evidencias concretas. Por mandato legal, los representantes del Ministerio Público tienen el deber de objetividad. En este caso, el fiscal Chiorazzi cumplió con su deber. La investigación fue muy deficiente.
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Humberto Pastor, abogado a cargo de la defensa en este largo proceso.
Más de 14 años de espera y una instrucción escandalosa
El acusado -cuyo nombre se mantiene en reserva- llegó al juicio en libertad. No tiene antecedentes penales y durante más de 11 años enfrentó el proceso con una conducta intachable. Fue detenido en 2014, tres años después del hecho, exclusivamente en base a una declaración tomada bajo reserva de identidad. El testimonio fue recabado por policías que luego serían condenados en un resonante juicio oral que sentó en el banquillo al exjuez de Garantías César Melazo, en una megacausa por corrupción judicial.
La testigo clave en la instrucción declaró supuestamente con un DNI falso y sin control alguno por parte de la defensa técnica del imputado, lo que le quitó valor probatorio al testimonio. Ese único elemento fue suficiente para mantenerlo privado de su libertad por nueve meses, hasta que una Sala del Tribunal de Casación Penal bonaerense dispuso su excarcelación al advertir que no se puede sustentar una prisión preventiva en un testimonio reservado no corroborado por pruebas independientes.
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"Esta causa llegó al juicio oral sin pruebas. No hay elementos objetivos que vinculen al imputado con el hecho. La policía construyó un expediente sin rigor, y durante años nadie corrigió ese rumbo", dijo una fuente judicial ante la consulta de 0221.com.ar. La declaración de la testigo de identidad reservada fue recolectada en condiciones irregulares y resultó, con el paso del tiempo, completamente insuficiente para avanzar en una imputación penal seria.
Testigos sin memoria en La Plata
Durante la primera audiencia del debate, que se celebró el miércoles anterior, prestaron declaración dos testigos claves: el bicicletero vecino del pet shop y el dueño del Peugeot 307 gris que el delincuente robó para fugarse tras el ataque. Ninguno pudo identificar al acusado. El primero aseguró no recordar nada y el segundo ratificó lo dicho en su momento ante la DDI, donde reconoció el vehículo, pero no al sospechoso. Ninguno aportó un dato que permitiera establecer un vínculo directo entre el imputado y el hecho.
La investigación policial estuvo a cargo de efectivos de la comisaría Sexta de La Plata, con jurisdicción en Tolosa. En su momento, dos adolescentes con antecedentes penales habían sido detenidos como sospechosos, pero luego denunciaron haber sido torturados en sede policial. La Justicia los sobreseyó en un escándalo que fue rápidamente silenciado. El accionar de los efectivos fue uno de los tantos puntos oscuros del expediente.
Con el tiempo, se supo que varios de los investigadores que actuaron en este caso fueron luego condenados en el marco de la causa por asociación ilícita que involucró al exjuez César Melazo. Este dato generó sospechas sobre la fiabilidad de todo el proceso de instrucción, incluyendo la obtención del testimonio de identidad reservada que derivó en la imputación del joven ahora absuelto.
Un proceso largo, injusto y sin pruebas
El juicio oral -a cargo del TOC II de La Plata- quedó definido en apenas dos audiencias. El proceso no solo expuso las falencias del sistema penal bonaerense, sino también las secuelas de una investigación policial carente de rigor y sentido jurídico. Los jueces absolvieron al imputado al no haberse probado en ningún momento su participación en el hecho. "No se puede condenar sin pruebas", afirmaron desde el entorno judicial tras conocerse la decisión.
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El caso está gobernado por la sombra de una deficiente actuación policial y judicial.
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De este modo, el joven acusado fue eximido de culpa tras más de once años de proceso penal y casi quince desde que se cometió el crimen. Su historia refleja con crudeza los peligros de sostener investigaciones sin garantías, de avalar testimonios irregulares y de no controlar las condiciones en las que se construyen los expedientes que luego llegan a juicio.
El violento ataque a Carlos Roldán en su pet shop de Tolosa aún permanece impune. La causa, pese al juicio recién concluido, sigue sin responsable identificado, y los errores cometidos durante su tramitación dejaron heridas institucionales que difícilmente puedan repararse. Para el absuelto, en tanto, se cierra un capítulo oscuro que lo tuvo injustamente como protagonista durante más de una década. Su paso por la Justicia terminó como comenzó: sin pruebas en su contra.
