Este medio accedió a documentos judiciales de la investigación. Dos acusados se despegan de las imputaciones y dan sus versiones de lo denunciado en Magdalena.
La causa judicial que investiga torturas, abusos sexuales agravados e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la Unidad N° 51 de Mujeres de Magdalena sumó definiciones clave. En las últimas horas se conocieron los detalles de las declaraciones indagatorias recibidas por el fiscal titular de la UFI N°11 de La Plata, Álvaro Garganta, a dos de los quince penitenciarios detenidos por orden del juez de Garantías N° 4, Dr. Juan Pablo Masi.
La investigación busca reconstruir los graves hechos ocurridos el miércoles 3 de junio de 2026, cuando un operativo desplegado supuestamente para sofocar una pelea entre internas derivó en agresiones físicas, uso de gas pimienta, esposamientos, desnudez forzada, aislamiento en celdas de resguardo ("buzones"), privación de agua y alimentos, humillaciones y abusos sexuales con acceso carnal.
La inspectora Daiana Ayelén Villafañe (31 años), coordinadora de Régimen Abierto del penal, asistida por el abogado Julio Beley, prestó declaración y se defendió de las acusaciones.
En su relato, afirmó que esa tarde se produjo una contienda violenta en la planta alta (Ala B) entre varias internas. Sostuvo que el Grupo de Intervención Especial (GIE) arrojó gas pimienta de manera preventiva para dispersar y permitir el ingreso del personal para realizar el "engome" y los controles psicofísicos de rutina a cargo de la enfermera Raquel Boccardo.
Villafañe aseguró que las internas estaban sumamente alteradas y que intentaron abalanzarse sobre la jefa del penal, Daiana Balmaceda, y la subjefa, María Belén Toledo. Respecto de las acusaciones de vejaciones y abusos, negó rotundamente los hechos:
Por su parte, el subdirector de Régimen de la unidad, Juan Manuel Villena (47 años), asistido por los abogados Darío Saldaño y Catalina Saldaño, declaró ante la fiscalía aportando capturas de pantalla de chats de WhatsApp y registros de llamadas para reconstruir sus movimientos.
Villena aseguró que se había retirado de la unidad a las 16 y que debió regresar pasadas las 18:30 al ser anoticiado de que la situación se había agravado con focos de incendio en las celdas.
La lista de efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que permanecen privados de la libertad bajo imputaciones que incluyen tortura, abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante e incumplimiento de los deberes de funcionario público está integrada por:
Las defensas técnicas de los imputados están distribuidas entre los abogados Gastón Jesser, Cristian González, César Albarracín, Julio Beley, Dario Saldaño y Lautaro Cardo.
La gravedad de lo acontecido motivó la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo acreditó testimonios, constató lesiones físicas en las detenidas e inspeccionó los pabellones donde ocurrieron los hechos.
Frente a la complejidad del caso, la CPM exigió formalmente a la Justicia que todas las declaraciones de las víctimas e inspecciones médicas se realicen bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul (para la investigación de torturas y tratos crueles) y normativas internacionales sobre violencia sexual en contextos de encierro.
Asimismo, se investiga un segundo episodio represivo ocurrido dos días después (5 de junio), cuando un grupo de internas realizó una protesta para visibilizar los abusos de la jornada previa y fue nuevamente reprimido, registrándose nuevas personas heridas dentro de la Unidad 51.
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