sábado 15 de febrero de 2025

Se complica la domiciliaria para Felicitas Alvite, "La Toretto" de La Plata

La familia de la víctima apeló la resolución que le dio el arresto domiciliario a Felicitas Alvite y pidió que se investigue a los camaristas que la otorgaron.

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El arresto domiciliario (no efectivizado aún) con que fue beneficiada la joven Felicitas Alvite, conocida como " La Toretto" de La Plata, podría sufrir demoras e incluso revertirse, confirmaron fuentes judiciales ante la consulta de 0221.com.ar. La familia de la víctima, Walter Armand, presentó un recurso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los abogados Delfina, Julio y Fernando Burlando en representación de Segunda Nieves Zelarayan, familiar de la víctima.

El documento con el que se espera llegar a la Suprema Corte bonaerense es contra una decisión del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Se argumenta que la resolución del Tribunal de Casación, que anuló una decisión previa sobre la prisión preventiva de Alvite, es absurda, arbitraria, y viola derechos constitucionales y convencionales, incluyendo el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia para las víctimas.

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Los abogados reclaman la nulidad de la resolución y solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que intervenga, reservándose el caso federal para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se denuncia la falta de competencia de un tribunal de feria que intervino en el caso.

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Walter Armand fue atropellado en 13 y 32 por Felicitas Alvite, alias

Walter Armand fue atropellado en 13 y 32 por Felicitas Alvite, alias "La Toretto"

Fundamentos del recurso

Vulneración del debido proceso legal: la decisión del Tribunal de Casación Penal (TCP) es considerada absurda y contradictoria, afectando la garantía del debido proceso legal constitucional, que debe proteger tanto al acusado como a la víctima. Se argumenta que esta decisión viola varios artículos de la Constitución Nacional (CN), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Derecho a ser oído: la familia de la víctima tiene derecho a ser oída en el proceso judicial, lo cual se ve vulnerado. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) extiende esta protección a todas las partes involucradas en el caso.

Derecho a la tutela judicial efectiva: la familia de la víctima tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces para proteger sus derechos. La decisión del TCP, al anular resoluciones previas y ordenar la remisión del expediente a un tribunal de feria sin estar firme la resolución, obstaculiza este derecho. Se menciona que los magistrados deben buscar la interpretación más favorable al ejercicio de la acción, evitando obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva.

Violación de leyes de protección a las víctimas: la decisión de Casación ha sido dictada en incumplimiento de las disposiciones de la ley provincial de víctimas (Ley 15.232) y la Ley Nacional 27.372. Estas leyes reconocen a la víctima como parte en el proceso y le confieren derechos específicos, los cuales se ven desconocidos en este caso.

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Arbitrariedad de la decisión: se considera que la decisión es arbitraria, ya que se aparta de las constancias del caso y de la jurisprudencia de la CSJN, vulnerando así los derechos de la víctima. La decisión de sin una justificación adecuada y sin esperar a que la resolución estuviera firme, compromete la responsabilidad internacional del estado argentino.

Violencia institucional: la decisión del TCP se considera un caso de violencia institucional contra la víctima, al apartarse de lo decidido por los jueces naturales en las instancias anteriores del proceso. Se argumenta que los tribunales no están protegiendo a las víctimas y que esta situación pone en crisis la legitimidad de las instituciones.

Negación del acceso a la justicia: se argumenta que la sentencia del TCP niega el derecho de acceso a la justicia a las víctimas, ya que no se ha tenido en cuenta la magnitud del delito y la necesidad de asegurar los fines del proceso. Se señala que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la vida y el debido proceso legal de las víctimas.

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Camaristas en la mira

Sobre el final del documento, la particular damnificada realiza una solicitud adicional. Específicamente, se pide que se remitan testimonios de la presentación, en formato electrónico, a la Subsecretaría de Control Disciplinario de la SCJBA y a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Se busca que el Jurado evalúe las acciones y determine si hay lugar a algún tipo de sanción o investigación sobre los magistrados involucrados.

Esta solicitud se fundamenta en la creencia de que la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones de La Plata actuó sin competencia al pronunciarse sobre la medida cautelar de Felicitas Alvite, dado que la resolución del Tribunal de Casación Penal no estaba firme al momento de su decisión. Los representantes consideran esta acción como "absurda" y una grave irregularidad que requiere la atención de los órganos de control y disciplina.

Apuntes del caso

Tal y como había anticipado 0221.com.ar, la joven influencer logró el arresto domiciliario que solicitó de manera insistente ante la Justicia y en los próximos meses podría continuar detenida en su hogar, a la espera del juicio oral en su contra por el choque que le costó la vida al músico atropellado en la esquina 13 y 532.

La Sala IV de la Cámara de Casación bonaerense anuló el rechazo a la morigeración dictada por mayoría en la Sala III de la Cámara Penal. En la resolución a la que accedió este medio se decidió "anular la resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial La Plata, de fecha 03 de octubre del corriente año, que confirmó la decisión dictada por el Juzgado de Garantías nro. 5 departamental que no hizo lugar a la morigeración de la prisión preventiva requerida en favor de Felicitas Alvite".

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El futuro de Felicitas Alvite

En lo inmediato la joven acusada seguirá detenida con prisión preventiva, una situación que ya lleva más de 8 meses. Mientras tanto los defensores Luisina Gliemmo, Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri siguen al minuto las constancias de la investigación penal.

Los letrados esperan poder sacarla de prisión en el menor tiempo posible, beneficiándola con una herramienta contemplada en la legislación vigente. Cualquier persona que acceda a esa posibilidad sigue detenida y para salir de su hogar debe hacerlo con permiso judicial, previo estricto control de los argumentos invocados, como pueden ser diferentes razones de salud.

Lo que viene

En reciente planteo de la familia de la víctima debe ser analizado y si es rechazado, se hará efectiva el arresto domiciliario de la joven. En ese escenario la particular damnificada (querellante) podría abrir una queja, pero ese incidente no tiene efectos suspensivos y la acusada podrá volver a su casa hasta que se resuelva la contienda legal.

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