La familia de la joven presentó un nuevo escrito con sustento técnico oficial y exige que la causa en La Plata se analice con perspectiva de género.
La causa por la muerte de Ainara Buschiazzo que tramita en La Plata sumó en las últimas horas un elemento clave que podría reconfigurar su rumbo judicial: la familia de la joven presentó un nuevo escrito en el que refuerza el pedido de investigación integral con perspectiva de género, apoyándose en un informe oficial.
El planteo, impulsado por los abogados de la familia, no solo profundiza los argumentos ya expuestos en presentaciones anteriores, sino que incorpora respaldo técnico institucional para sostener que el fallecimiento de la joven debe analizarse en el marco de un contexto de violencia sostenida.
Según pudo saber 0221.com.ar, el documento oficial elaborado por el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires describe indicadores compatibles con situaciones de violencia por razones de género, lo que robustece la hipótesis de que Ainara no se encontraba en un escenario de plena autonomía al momento de tomar la decisión que derivó en su muerte.
El eje del nuevo escrito es la incorporación de un trabajo técnico, que analiza el caso desde una perspectiva especializada en violencia de género. Este aporte, consideran los letrados, resulta fundamental para evitar interpretaciones reduccionistas o fragmentadas.
En línea con ese informe, la familia insiste en que la investigación debe contemplar la totalidad del vínculo en el que estaba inmersa la joven, atendiendo a una posible dinámica de violencia psicológica, simbólica y física.
Los documentos ya incorporados al expediente —incluidos informes sobre desgaste emocional extremo y registros de presuntos maltratos — son ahora reinterpretados a la luz de este nuevo respaldo institucional, que aporta una mirada integral sobre la situación.
En el escrito presentado, los abogados de la familia solicitan que se disponga una investigación integral bajo perspectiva de género, conforme a los estándares fijados por la Constitución Nacional, la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485.
Además, reclaman que se evite analizar los hechos de manera aislada y se reconstruya el vínculo completo, ponderando la existencia de un posible patrón sistemático de violencia que habría colocado a Ainara en una situación de extrema vulnerabilidad.
Entre las medidas solicitadas, se destaca la realización de una autopsia psicológica, con el objetivo de reconstruir las últimas horas de la joven y evaluar el impacto de la violencia padecida en su estado emocional.
También pidieron que se ordenen pericias psicológicas y psiquiátricas sobre el principal señalado en la causa, en caso de que aún no se hayan realizado.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es el pedido para que la Justicia evalúe un eventual cambio de calificación legal. En concreto, la familia busca que se analice si los hechos podrían encuadrarse en el delito de instigación al suicidio, previsto en el artículo 83 del Código Penal.
El argumento central es que la decisión de Ainara no puede entenderse de manera aislada, sino como el resultado de un proceso de violencia prolongado que habría condicionado su voluntad.
En ese sentido, el nuevo informe aporta elementos que —según los abogados Cristian González y Gastón Jesser— podrían ser determinantes para avanzar en esa línea.
El expediente también cuenta con material sensible, como las últimas conversaciones de la joven que están siendo analizadas en conjunto con el resto de las pruebas.
Ese contenido, junto con los informes técnicos y los testimonios, busca reconstruir el estado emocional de Ainara en sus últimos momentos y el contexto en el que se encontraba.
Para la familia, todos estos elementos configuran un cuadro que no puede ser reducido a una decisión individual, sino que debe ser entendido dentro de una trama más compleja.
El refuerzo del pedido con respaldo del Ministerio de Mujeres no solo apunta a esclarecer lo ocurrido, sino también a sentar un precedente en la provincia de Buenos Aires.
De prosperar la hipótesis de instigación al suicidio en un contexto de violencia de género, el caso podría convertirse en uno de los primeros en abordar este tipo de situaciones con un enfoque integral.
La decisión ahora queda en manos de la Justicia, que deberá evaluar si hace lugar a las medidas solicitadas y si avanza en una línea de investigación que podría marcar un antes y un después.
Mientras tanto, la familia de Ainara insiste en su reclamo: que la causa no se cierre en una explicación simplista y que se investigue a fondo, con todas las herramientas disponibles y con perspectiva de género.
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