El proyecto fue presentado por el concejal Nicolás Morzone del PRO y propone endurecer las sanciones para los que dañen el espacio público.
El presidente del bloque de concejales del PRO, Nicolás Morzone, elevó al Concejo Deliberante de La Plata un proyecto que endurece las sanciones incluidas en el Código de Convivencia Urbana y prevé prohibirle el ingreso a los estadios a los hinchas de Estudiantes y Gimnasia que vandalicen el espacio público.
La iniciativa, que forma parte de lo que el concejal llama "plan antifisuras", incorpora a la Ordenanza N°12.170 la figura de "violencia urbana con motivación deportiva", que abarca contravenciones como pintadas, graffitis, daños o intervenciones sobre el espacio público cuando estén vinculadas a la identificación o rivalidad entre clubes. El texto plantea que estas conductas funcionen como un agravante de las faltas ya previstas en la normativa municipal. En la actualidad, este tipo de contravenciones son sancionadas con multas y trabajo comunitario.
La oposición criticó al intendente Julio Alak por las políticas de prevención del delito y pidió declarar la emergencia en seguridad. El debate completo.
El concejal de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan, sentó la postura de la bancada y dejó en claro que no comparten la idea de cerrar la Plaza Islas Malvinas.
El eje central del proyecto es la creación de un Registro Municipal de Contraventores por Violencia Urbana de Motivación Deportiva, que será público, digital y de acceso ciudadano.
El proyecto prevé la creación de un Registro Municipal de Contraventores por Violencia Urbana de Motivación Deportiva en el que serán inscriptos infractores pasibles de recibir sanciones más graves
De acuerdo con el texto de la norma, en el registro serán incorporadas las personas con sentencia firme por este tipo de faltas, lo que habilitará la aplicación de sanciones adicionales como la inhabilitación para comprar entradas o abonos, la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos en La Plata y la imposibilidad de participar en actividades organizadas o autorizadas por el Municipio. Estas restricciones podrán extenderse por un plazo de entre 2 y 5 años en casos de reincidencia.
El proyecto también prevé que el Municipio articule con los clubes y autoridades de seguridad para implementar sistemas de control de acceso que permitan hacer efectiva la restricción. Incluso se contempla que la habilitación de eventos deportivos esté condicionada al cumplimiento de estos mecanismos.
En los fundamentos, Morzone advierte que existe un fenómeno que crece en la ciudad relacionado con las vandalizaciones de todo el mobiliario urbano por parte de grupos identificados con clubes de fútbol locales. En ese sentido, sostiene que la iniciativa busca "implementar nuevas estrategias legislativas, que le permitan al Departamento Ejecutivo Municipal aplicar todo el peso de la ley a quienes de manera organizada y nocturna dañan nuestro espacio público sin límites".
El concejal también plantea que el problema va más allá de hechos aislados y responde a un deterioro más profundo del orden urbano. "La expansión descontrolada de pintadas, por ejemplo, no solo implica un daño material, sino también simbólico: transforma el entorno en un territorio sin reglas claras, donde prevalece la contravención por sobre el interés colectivo", advierte.
En ese marco, el proyecto apunta a generar un efecto disuasivo más fuerte ya que la prohibición para el ingreso a los espectáculos deportivos "envía un mensaje claro de que el incumplimiento tiene consecuencias".
Además, el edil sostiene que la medida se apoya en antecedentes legales y experiencias tanto a nivel nacional como internacional. Cita como ejemplo las sanciones que se aplican en países de Europa. "En el Reino Unido, los denominados Football Banning Orders habilitan la prohibición de asistencia a partidos no solo por hechos ocurridos en estadios, sino también por conductas violentas o desórdenes públicos vinculados al fenómeno de las hinchadas", señala. Y agrega que en Italia "el régimen conocido como DASPO (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) permite a la autoridad administrativa restringir el acceso a espectáculos deportivos respecto de personas consideradas socialmente peligrosas, incluso por hechos cometidos fuera del ámbito deportivo".
En particular, destaca que la restricción de acceso a eventos deportivos "no implica la supresión de un derecho fundamental, sino la limitación de un interés legítimo" cuando existe un riesgo para el orden público.