La oposición criticó al intendente Julio Alak por las políticas de prevención del delito y pidió declarar la emergencia en seguridad. El debate completo.
La inseguridad en La Plata centralizó este jueves el debate en la primera sesión del año del Concejo Deliberante. La oposición criticó al intendente Julio Alak por las políticas en materia de prevención del delito y pidió declarar la emergencia en seguridad pública. Fue el disparador de un intenso debate en el que se involucraron todos los bloques.
Los cruces en el recinto se iniciaron tras la presentación del proyecto de ordenanza del concejal del PRO, Nicolás Morzone, que declara la emergencia en seguridad en el distrito y le da herramientas para reasignar partidas y realizar contrataciones directas.
Alak abrió las sesiones en La Plata con eje en orden fiscal, obras en barrios, seguridad y el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en 2025.
El Concejo Deliberante de La Plata definió la conformación de las comisiones con criterio proporcional entre bloques y participación de todos los espacios.
Como contó 0221.com.ar, la iniciativa autoriza al Ejecutivo local a readecuar, reasignar y reforzar partidas presupuestarias del ejercicio vigente y de los subsiguientes, con el objetivo de fortalecer el área de seguridad y prevención.
En concreto, la propuesta de Morzone apunta a invertir en monitoreo urbano, equipamiento, tecnología, logística, capacitación y recursos humanos vinculados a la seguridad ciudadana, priorizando acciones que impacten en la prevención del delito.
También habilita a abreviar y simplificar los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios relacionados exclusivamente con la seguridad pública, como sistemas de videovigilancia, móviles, software, iluminación e infraestructura tecnológica.
Otro de los puntos es la creación del Fondo Especial de Emergencia en Seguridad Pública Municipal, destinado a financiar programas, proyectos, equipamiento y acciones directamente vinculadas con la implementación de la emergencia. Además, la ordenanza prevé que el intendente comparezca cada tres meses ante el Concejo para informar cómo está llevando adelante la emergencia, lo que generó fuerte contrapunto con el peronismo.
"Hoy volvemos a este recinto y la inseguridad no se tomó vacaciones: hubo más homicidios, entraderas y violencia en el verano. Más vecinos y comerciantes encerrados. Y mientras tanto Julio Alak y Axel Kicillof hacen silencio, un silencio que resulta inaceptable, inexplicable y que duele", señaló Morzone al hablar del proyecto, que tomó estado parlamentario y pasó a las comisiones de Seguridad y Legislación.
El edil aseguró que la emergencia en seguridad pública le daría al jefe comunal "una herramienta legítima para dar respuesta a una situación excepcional con un plan excepcional, con metas, seguimiento y urgente reasignación de las partidas presupuestarias".
"Duele que los platenses alteren su rimo de vida porque tienen miedo y nadie los cuida. No podemos resignarnos a que Alak omita o minimice este problema que se llama inseguridad. No es tolerable", señaló y agregó: "La emergencia no es una derrota política ni un acto de marketing, es un acto de honestidad política".
Le respondió el concejal de Fuerza Patria, Juan Granillo Fernández, quien defendió la gestión municipal. El edil señaló que "no es tan sencillo" como declarar una emergencia para resolver los problemas y recordó que en diciembre se presentó el plan de seguridad municipal y que el Concejo aprobó la licitación para contratar un servicio de monitoreo privado de la seguridad pública con más de 1.200 nuevas cámaras en distintos puntos del partido.
"Hay un plan que no es sólo la incorporación de tecnología pero es importante, en tanto que la función del Municipio es preventiva", subrayó y agregó que, aunque no hay estadísticas actualizadas porque la Procuración General aún no publicó los datos, los números a nivel nacional dados a conocer por el ministerio de Seguridad dan cuenta de que hay una tendencia del delito a la baja. "Salvo que pensemos que La Plata no forma parte de la provincia de Buenos Aires, o que somos una isla donde nos matamos unos a otros, y en el resto del país la situación es distinta", chicaneó a la oposición.
Calificó, a su vez, de "descabellado" el artículo que obliga al intendente a comparecer frente al Concejo "cada tres meses" y recordó que el año pasado el secretario de Seguridad, Diego Pepe, concurrió a la Comisión de Seguridad a explicar qué políticas se estaban aplicando en el distrito.
Por el oficialismo, el concejal Sergio Resa también se sumó a la discusión y puso el foco en los impuestos provinciales y nacionales que pagan los platenses y cuánto vuelve a las arcas municipales para atender la problemática de la seguridad.
"Dato y relato. Pagamos aproximadamente un millón de pesos por año y ¿cuánto vuelve a La Plata? 150 mil pesos, el 15%. De eso que no vuelve al Municipio, el 52% se queda en el Estado nacional", puntualizó en referencia a los recursos que Nación se queda y no gira para el combate contra el delito.
"Me gustaría que hablemos del 50% de ese 85% que pagamos y que no vuelve el Municipio porque eso también hace a la seguridad", agregó y retrucó que la inversión en obra pública "también hace la seguridad y que eso se ve en las plazas" que fueron puestas en valor por la gestión municipal.
El presidente del bloque deLa Libertad Avanza, Guillermo Bardón, se sumó a la polémica. "A Diego Pepe le conocemos la cara pero no sabemos qué carajo hace para la seguridad de los vecinos", lanzó y preguntó al oficialismo qué hará el intendente Alak con los seis drones que comprará el Municipio.
También preguntó a sus pares de Fuerza Patria dónde están los patrulleros y las cámaras que se compraron: "Presentamos pedidos de informes porque nadie las ve, los vecinos no las ven". Y también los inquirió por haber desactivado las garitas de seguridad en las plazas y otros espacios verdes que existían hasta diciembre de 2023.
Su par de bloque, Juan Pablo Allan, quien además es flamante presidente de la Comisión de Seguridad, consideró que "no hay decisión política" para avanzar en la prevención del delito en la ciudad. "La inseguridad es el principal problema de los platenses. Es cierto que la responsabilidad primaria es de la Provincia pero hay otros municipios kirchneristas que han hecho mucho, como Ezeiza o como Lanús que es un ejemplo donde hay una guardia municipal profesionalizada", ejemplificó.
"Se necesita decisión política, si subestimamos el problema es difícil que podamos encontrar soluciones que están esperando los vecinos", insistió y adelantó que en la Comisión de Seguridad se tratarán "todos los proyectos" que sirvan para brindar instrumentos. "Pero no subestimemos el problema porque en octubre el plan económico tuvo un respaldo contundente en las urnas", le respondió al oficialismo.
Desde ese mismo bloque, Florencia Barcia se sumó a la polémica y recordó que sufrió dos robos el año pasado, el último estando presente en su domicilio. "Sólo voy a decir que me robaron el 30 de noviembre estando en mi casa y todavía, cuatro meses después, no tuve ningún resultado. Vivo con alarma, con miedo, no salgo después de las 20 de mi casa", dijo y lanzó: "Mucha estadística, poco resultados".
A lo largo de una sesión maratónica, los concejales le dieron ingreso también a otros expedientes que calentaron el clima en el recinto como el proyecto de ordenanza para crear una Comisión Investigadora y de Enlace de los abusos cometidos por exempleados del Senado bonaerense, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ligados a la agrupación política La Capitana. La iniciativa, también elaborada por el concejal Morzone, dio lugar a fuertes cruces con el peronismo.
Al hablar de la iniciativa, el edil le reprochó a viva voz al bloque de Fuerza Patria por hacer silencio frente a la situación. "¿A nadie le importan esas víctimas que fueron sometidas a humillaciones, secuestradas y abusadas? Todas platenses. Nos enteramos por los medios", dijo.
"No podemos permitir que esto pase y mirar para otro lado. Estamos hablando de una red de explotación sexual. Me llama la atención que no fijemos posición pública conjunta sobre esto", insistió.
Granillo Fernández respondió y aclaró que desde el bloque repudian la comisión de delitos de los acusados por los abusos. "Pareciera que se quiere dejar la sensación de un apañamiento a personas que pertenecen a nuestro espacio político que desvían la acción militante y cometen delitos", contestó.
Más allá de esto, el edil aclaró que no corresponde la creación de una comisión investigadora ya que "no está en las competencias del Concejo" tratar el tema ya que el caso queinvestiga la justicia se dio en el seno del Senado.
En tanto, la concejala Sol Maluéndez también le contestó a Morzone y calificó de "penoso" e "irrespetuoso" su tratamiento del tema. "Si fuera genuina y real la preocupación por las víctimas debería haber un respeto hacia ellas para no mediatizar el caso ya que ninguna víctima habló en los medios", le retrucó.
Otra integrante del bloque oficialista, la edil Gisela Didío cruzó a Morzone con vehemencia y le dijo que si hubiera presentado un proyecto de repudio o de preocupación, el bloque oficialista hubiera acompañado. "Le pido respeto y no debates mediáticos", le dijo dando a entender que sus iniciativas sólo buscaban llamar la atención e instalarse en los medios.
Un rato después, la concejala mocionó para votar sobre tablas un proyecto de preocupación del cuerpo por el aumento de los femicidios en la Argentina. "A ver dónde están los preocupados por las mujeres", lanzó Didio chicaneando a Morzone y otros pares de la oposición.
Bardón y Allan la cruzaron y aseguraron que no estaba probado que hubiera un incremento de los femicidios ya que aún no estaban los datos actualizados y que, por ende, el bloque libertario no lo votaría a menos que cambiara el proyecto. También aseguraron que no estaba respetando los acuerdos logrados en la Comisión de Labor, previa a la sesión.
La iniciativa finalmente fue rechazada ya que sólo consiguió el apoyo del oficialismo. "Voy a presentar otro proyecto para la próxima sesión", los desafió Didío.