A menos de dos años del inicio previsto del juicio oral por la megacausa de corrupción en IOMA, uno de los imputados centrales intenta desmontar la acusación con una estrategia que apunta al corazón de la prueba documental.
El exsubsecretario de Adicciones bonaerense sostiene que nunca firmó la documentación que lo vincula con las maniobras investigadas en IOMA.
A menos de dos años del inicio previsto del juicio oral por la megacausa de corrupción en IOMA, uno de los imputados centrales intenta desmontar la acusación con una estrategia que apunta al corazón de la prueba documental.
Se trata de Carlos Luis Sanguinetti, exsubsecretario de Atención de las Adicciones de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, quien sostiene que son falsas las firmas que aparecen en los expedientes administrativos por los que fue enviado a juicio junto a otros 33 acusados.
La novedad surgió a partir de una resolución del Tribunal Oral Criminal III de La Plata, que hizo lugar a un planteo formulado por su defensor, el abogado César Albarracín, y ordenó una instrucción suplementaria para determinar si las firmas atribuidas al exfuncionario realmente le pertenecen.
La medida fue incorporada al expediente luego de que la defensa advirtiera que, por un error involuntario, el pedido no había sido incluido entre las diligencias complementarias autorizadas antes del juicio.
Según explicó Albarracín a 0221, Sanguinetti quedó involucrado en la investigación exclusivamente por su supuesta participación en cinco expedientes administrativos vinculados a compras realizadas por organismos provinciales.
"Estamos hablando de expedientes de adquisición de medicamentos, pintura y otros insumos. La decisión de compra, la selección del proveedor, la oportunidad, el mérito y la conveniencia de la contratación no pasaban por Sanguinetti sino por otras áreas administrativas", sostuvo el abogado.
La defensa remarca que el entonces subsecretario no intervenía en los procesos de contratación ni en la elección de los proveedores. Su participación, en todo caso, se limitaba a convalidar que el área a su cargo necesitaba determinados insumos para funcionar.
"Sanguinetti quedó procesado por haber supuestamente firmado esos expedientes, haciendo el pase administrativo. Pero él sostiene que esas firmas no son suyas", explicó Albarracín.
A partir de esa postura, el defensor solicitó una pericia caligráfica para determinar si las rúbricas fueron efectivamente realizadas por el exfuncionario o si se trata de firmas apócrifas incorporadas a la documentación.
La resolución judicial ordena que el estudio recaiga sobre los cinco expedientes cuyas copias integran los anexos incorporados al legajo fiscal. Los peritos deberán analizar si las firmas pertenecen a documentos originales o copias, si corresponden a la grafía habitual de Sanguinetti y si fueron realizadas de su puño y letra.
Además, el tribunal pidió que se evalúe si las firmas fueron insertadas en la fecha consignada en los documentos o si pudieron haber sido incorporadas posteriormente. También deberán determinar si existe la posibilidad de que la documentación haya sido confeccionada mediante montajes o alteraciones de distintos instrumentos administrativos.
La pericia aparece como una de las últimas herramientas procesales disponibles para la defensa antes del inicio del debate oral, previsto actualmente para febrero de 2028.
La situación de Sanguinetti se inscribe dentro de una de las investigaciones por corrupción más extensas y complejas de la provincia de Buenos Aires.
La denominada megacausa IOMA comenzó a partir de denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Daniel Scioli al frente de la Gobernación bonaerense. La investigación derivó en decenas de allanamientos, detenciones y procesamientos de funcionarios, médicos auditores, farmacéuticos y empresarios vinculados a la obra social provincial.
La acusación sostiene que distintas estructuras administrativas habrían sido utilizadas para concretar maniobras fraudulentas relacionadas con medicamentos de alto costo, prestaciones especiales e internaciones domiciliarias, generando un millonario perjuicio económico para el Estado provincial.
Después de más de doce años de trámite judicial, el Tribunal Oral Criminal III de La Plata rechazó recientemente los pedidos de prescripción impulsados por las defensas y fijó el juicio oral para febrero de 2028, aunque dejó abierta la posibilidad de adelantar esa fecha.
Entre los 34 acusados figuran exfuncionarios jerárquicos del IOMA, empresarios, farmacéuticos y prestadores de servicios médicos. Sanguinetti integra ese grupo, pero su defensa sostiene que su situación es diferente porque la acusación en su contra se apoya exclusivamente en documentos que, según afirma, contienen firmas falsificadas.
La respuesta podría llegar de la mano de la pericia caligráfica ahora autorizada por el tribunal. Su resultado podría transformarse en una pieza relevante para definir la responsabilidad del exsubsecretario cuando finalmente comience uno de los juicios por corrupción más importantes que afrontará la Justicia bonaerense en los próximos años.
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