El fiscal impulsó una causa para investigar la difusión de información falsa que usó su nombre y un mail apócrifo para simular un allanamiento.
La maniobra ya no es solo un episodio de desinformación: pasó a ser un hecho bajo investigación penal. El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta presentó una denuncia formal por la circulación de un falso parte policial que daba cuenta de un inexistente allanamiento en Berisso, supuestamente realizado en la propiedad de un presunto abogado, y que utilizaba su nombre para darle apariencia de veracidad.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de La Plata, con conocimiento del Juzgado de Garantías Nº5 y la Unidad Funcional de Defensa (UFD) Nº12, según confirmaron fuentes judiciales. El objetivo central de la denuncia es claro: determinar quién o quiénes están detrás de la elaboración y difusión del documento apócrifo.
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En su presentación, Condomí Alcorta solicitó expresamente que se avance en la identificación de la o las personas que administran y utilizan la cuenta de correo electrónico "[email protected]", desde donde se habría hecho circular información falsa vinculada al supuesto procedimiento policial. Ese dato no es menor: el uso de una dirección con su nombre y apellido fue una de las claves para intentar dotar de legitimidad a la noticia falsa.
El falso parte, que comenzó a circular en ámbitos judiciales y periodísticos, describía un allanamiento que nunca existió. Hablaba de un operativo en un campo ubicado en Berisso, mencionaba a personal policial, una orden judicial, una denuncia por robo de una fuerte suma de dinero y calificaba al supuesto involucrado como un "peligroso delincuente" con "frondoso prontuario". Incluso hacía referencia a una causa judicial sensible, en un intento evidente por generar impacto y confusión.
El falso parte policial describía en detalle un allanamiento que nunca existió y apuntaba a un supuesto abogado calificado como "peligroso delincuente"
La maniobra incluía además una frase reveladora sobre su finalidad: pedía que la información fuera publicada porque "servía para generar incertidumbre durante el juicio". Esa admisión explícita terminó de encender las alarmas en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y fue uno de los elementos que llevaron a Condomí Alcorta a avanzar con la denuncia penal.
Tal como había anticipado a 0221.com.ar, el fiscal sostuvo desde el primer momento que la información era completamente falsa. No hubo allanamiento, no existió intervención judicial alguna y tampoco hay una causa en trámite con las características que describía el texto apócrifo. La utilización de su identidad y la atribución de actuaciones inexistentes configuraron, para el funcionario, una situación de gravedad institucional.
Ahora, el foco está puesto en reconstruir el recorrido del falso parte: quién lo redactó, desde dónde se envió, a quiénes llegó y con qué objetivos concretos. La investigación buscará determinar responsabilidades penales por la difusión de información falsa y por el uso indebido del nombre de un fiscal en ejercicio.
En el ecosistema judicial platense, donde las operaciones y los rumores no suelen encontrar terreno fértil, el caso refuerza un límite. La desinformación, cuando adopta la forma de documentos oficiales apócrifos y apunta a incidir en procesos judiciales, deja de ser un simple ruido de fondo para convertirse en un hecho punible.
Con la denuncia ya en marcha y la causa asignada, la escena se invierte: el supuesto allanamiento que nunca ocurrió dio paso a una investigación real, con expediente, fiscalía y juzgado interviniente. Esta vez, no hay margen para versiones. Todo quedó en manos de la Justicia.