La decisión del intendente Julio Alak obliga a revisar costos, subsidios, recorridos y frecuencias de los micros antes de lanzar otra licitación.
La Municipalidad de La Plata resolvió frenar la adjudicación del nuevo sistema de micros porque las condiciones económicas y regulatorias cambiaron desde la elaboración de los pliegos. El Ejecutivo de Julio Alak consideró necesario revisar costos, subsidios, tarifas, recorridos y frecuencias antes de avanzar con una concesión de largo plazo.
El informe elaborado por la Secretaría a cargo de Jorge Jurado sostiene que "se han producido modificaciones sustanciales" y menciona el nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias bonaerense. También señala cambios en la forma de calcular y distribuir esos fondos, en la actualización del boleto y en las reglas para rendir las compensaciones.
El intendente Julio Alak elevó al Concejo Deliberante una nota en la que plantea que no adjudicará el servicio se micros pese a que la licitación ya fue realizada.
El porcentaje para el aumento del boleto de micros en La Plata y la provincia es de 4,3%, en base al IPS de julio y podría escalar si sube el combustible.
A ese escenario se sumó una modificación nacional sobre el atributo social en la tarjeta SUBE. El descuento del 55% continúa vigente, pero el reconocimiento de Nación quedó ligado a una tarifa de referencia basada en los valores del 30 de junio de 2026, por lo que futuros aumentos no garantizarán una suba equivalente del aporte nacional.
El documento municipal resume que "el pliego fue elaborado bajo un escenario de distribución de compensaciones, estructura de costos, actualización tarifaria e incentivos económicos diferente al vigente en la actualidad". Ese cambio obliga a recalcular la sustentabilidad del servicio y a definir cómo se financiarán las nuevas prestaciones antes de avanzar con otra adjudicación.
La revisión también alcanzará a las nuevas líneas, ampliaciones de recorridos y frecuencias contempladas originalmente. El Municipio deberá determinar si esas modificaciones pueden mantenerse, si tendrán que aplicarse de manera gradual o si necesitarán cambios, debido a que implican más kilómetros recorridos, colectivos en funcionamiento, personal y mayores costos operativos.
"Resulta necesario verificar si las nuevas líneas, recorridos, ampliaciones y frecuencias previstas en la licitación guardan adecuada correlación con la estructura de costos actualmente reconocida, con la capacidad real de financiamiento del sistema provincial de compensaciones y con la definición de quién asumirá los mayores costos derivados de dichas expansiones", indica el informe.
La cantidad de empresas participantes fue otro argumento incorporado por el Ejecutivo. "De las actuaciones surge que la participación de oferentes fue limitada y que varias zonas quedaron, en los hechos, sin competencia efectiva suficiente entre propuestas calificadas", reconoce el documento enviado para explicar los motivos de la decisión municipal.
La Comuna aclara que esa situación "no invalida jurídicamente" el procedimiento, pero considera que puede convertirse en un problema para una concesión prolongada. La escasa competencia deja menos alternativas para reemplazar operadores y aumenta la dependencia municipal respecto de empresas que ya forman parte del actual esquema de transporte.
La decisión obliga a extender el funcionamiento del esquema vigente pese a que las concesiones vencieron a fines de 2025. Las actuales empresas tuvieron diez años de concesión, dos años adicionales de prórroga y una extensión de otro año contemplada por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Las compañías continuarán prestando el servicio bajo "un régimen transitorio" hasta que pueda implementarse la futura concesión. El Ejecutivo sostiene que el transporte público tiene carácter esencial y que ni el Municipio ni las empresas pueden interrumpir las prestaciones únicamente por el vencimiento de los contratos actuales.
El informe también recupera la reducción de frecuencias registrada durante abril, en medio del conflicto por el aumento del gasoil. En la primera semana, la caída llegó a cerca del 25% y entre el 6 y el 11 de ese mes hubo unas 21.000 validaciones menos, con alrededor de 10.000 usuarios afectados.
La Municipalidad sostiene que las empresas no podían disminuir unilateralmente los servicios por dificultades económicas y asegura que realizó controles, inició actuaciones y promovió sanciones. Ese antecedente también forma parte del análisis del funcionamiento actual, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo proceso para definir cómo continuará el transporte público local.
