En un giro inesperado, los siete efectivos imputados por vejaciones, apremios ilegales y abuso sexual solicitaron ser juzgados por un jurado ciudadano.
El juicio oral en La Plata para siete agentes de la Policía Bonaerense acusados de violencia institucional, sumó un pedido inesperado: los imputados solicitaron ser juzgados mediante el mecanismo de juicio por jurado. Todos los efectivos formaban parte de la subcomisaría de Domselaar, perteneciente al partido de San Vicente y forman parte del departamento judicial de la capital provincial.
Esta solicitud podría modificar el desarrollo del proceso en el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1, donde la fiscalía busca probar la responsabilidad de los efectivos en graves delitos. En la primera audiencia de debate en el fuero Penal local, plantearon la solicitud.
Se trata de la contratación de un sistema de videovigilancia con 1.200 cámaras de seguridad las 24 horas para La Plata y costará $298 millones al mes.
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Según la investigación de la fiscal Virginia Bravo, los acusados cometieron vejaciones, apremios ilegales, abuso sexual y hurto contra personas detenidas en la dependencia policial entre agosto de 2015 y marzo de 2016.
La fiscalía sostiene que existen pruebas contundentes para enjuiciarlos, aunque también se ha solicitado el sobreseimiento parcial de algunos en ciertos hechos por falta de evidencia concluyente.
El juicio se desarrolla con la declaración de testigos presenciales y peritos que analizaron las secuelas de los abusos denunciados. Sin embargo, el pedido de juicio por jurado podría retrasar la definición del caso, ya que implicaría una redefinición en el esquema de enjuiciamiento. La defensora oficial Ana Julia Cova encabeza la estrategia de los acusados, quienes argumentan que el caso debe ser evaluado por ciudadanos comunes y no solo por jueces técnicos.
Este mecanismo, regulado por la Constitución Nacional y la ley provincial 14.543, otorga a los acusados el derecho a ser juzgados por un jurado popular en delitos que prevén penas de 15 años de prisión o más. En este caso, algunas de las imputaciones, como el abuso sexual agravado y las torturas, entrarían en esa categoría.
La causa detalla un entramado de violencia sistemática dentro de la Subcomisaría de Domselaar. Las víctimas relataron maltratos físicos, insultos, intimidaciones, tocamientos indebidos y un control absoluto sobre sus vidas dentro de la seccional. Se han presentado pruebas médicas que acreditarían lesiones compatibles con las agresiones denunciadas.
Entre los acusados que llegan a debate en libertad se encuentran Cecilia Soledad Ballerini, Jorge Edgardo Rodríguez, Rodolfo Morales, Lucas Vizgarra, Carlos Remuzzi, Emilce Ponce y Juan José Vicente Fernández. Los delitos incluyen:
La investigación contiene testimonios que describen un esquema de violencia institucional extendido en el tiempo. Según la fiscalía, estos hechos no fueron aislados, sino que formaban parte de una práctica habitual dentro de la subcomisaría.
En diciembre de 2024, un fallo en otro caso de violencia resultó en la condena de nueve policías a penas de hasta 5 años y medio de prisión. La jueza Belén Piccone determinó en ese momento que hubo abuso de poder y maltratos sistemáticos, lo que marca un antecedente relevante para el actual juicio.
El TOC N°1 deberá resolver si acepta el pedido de juicio por jurado y definir cómo continúa el proceso. Mientras tanto, la fiscalía continuará con la presentación de pruebas y testimonios. Se espera que las víctimas expongan cómo fueron afectadas por los hechos y cómo la violencia institucional impactó en sus vidas.
El resultado de este juicio podría marcar un nuevo precedente en la provincia de Buenos Aires respecto al enjuiciamiento de delitos cometidos por fuerzas de seguridad.