Organizaciones sociales realizarán cortes en todo el país y afectarán la Autopista La Plata-Buenos Aires en rechazo a la eliminación de planes sociales.
Un piquete en la rotonda de acceso a la Autopista La Plata-Buenos Aires complicará el tránsito este martes, en el marco de una jornada nacional de protesta impulsada por organizaciones sociales en rechazo a cambios en los programas de asistencia.
Más de 85 agrupaciones, entre movimientos populares y organizaciones territoriales, llevarán adelante una medida de alcance federal con alrededor de 100 cortes y movilizaciones en distintos puntos del país. La Corriente Clasista Combativa (CCC) difundió la convocatoria en sus redes sociales.
El servicio, que estaba bajo la concesión de ESUR, pasará a ser municipalizado en nueve barrios de la periferia de La Plata.
La clase será este miércoles en el centro de La Plata en reclamo por el financiamiento universitario y la Ley de Glaciares que se trata en el Congreso.
En La Plata, la convocatoria se concentrará desde las 10 en la bajada de la Autopista, uno de los accesos más transitados hacia CABA. Se espera que la protesta genere importantes demoras y afecte la circulación vehicular en la zona.
El eje del reclamo es la defensa del Salario Social Complementario, que perciben cerca de 900.000 trabajadores de la economía popular y que actualmente representa un ingreso mensual de $78.000. Según expresaron las organizaciones convocantes, la eliminación de estos ingresos no solo impacta de manera directa en los beneficiarios, sino también en el sostenimiento de espacios comunitarios en barrios populares.
En ese sentido, advirtieron que la medida implicaría una fuerte retracción del consumo interno, al retirar de circulación unos $78.000 millones mensuales que hoy se destinan principalmente a comercios de cercanía.
La protesta se da en paralelo con la decisión del gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo, vigente desde abril de 2024, y reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
La iniciativa oficial, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, contempla que los beneficiarios puedan acceder a cursos de formación, con la condición de cumplir con asistencia y permanencia. En caso de abandono, perderán el beneficio sin posibilidad de reinscripción.
Mientras tanto, las organizaciones sociales sostienen que el cambio implica un ajuste sobre sectores vulnerables y advierten que continuarán con medidas de fuerza para visibilizar el conflicto.