Un pedido de informes pone bajo la lupa el estado del Autódromo Roberto Mouras y su gestión, en medio del procesamiento judicial de Hugo Mazzacane por evasión.
A las complicaciones judiciales que Hugo Mazzacane y parte de su familia tienen tras ser procesador por presunta evasión, se suman en La Plata cuestionamientos a la administración del Autódromo Roberto Mouras, el cual ya ha sido allanado previamente por una causa en la que se investigaban facturas apócrifas.
En el plano político, el estado, la habilitación y las condiciones de seguridad del circuito ubicado en la zona de Abasto, quedaron bajo la lupa tras la presentación de un pedido de informes en el Concejo Deliberante que apunta a conocer en detalle cómo se administra uno de los predios más importantes del automovilismo nacional.
El proyecto, presentado a mediados del años pasado sin que nunca tuviera respuestas, solicita al Ejecutivo municipal un relevamiento exhaustivo sobre infraestructura, protocolos de seguridad, habilitaciones, inspecciones técnicas y manejo económico del autódromo, incluyendo aspectos críticos como sistemas eléctricos, sanitarios, capacidad de espectadores y planes de evacuación.
Pero la iniciativa también pone el foco en la transparencia administrativa, al requerir información sobre balances, ingresos, convenios y aportes públicos recibidos en los últimos cinco años.
El Autódromo Mouras no es un espacio menor: concentra competencias de alto impacto, miles de asistentes y una fuerte circulación económica. Sin embargo, el pedido de informes deja entrever una preocupación de fondo: si el predio cumple con las normas de seguridad y habilitación exigidas para espectáculos masivos.
La enumeración de más de 30 puntos a responder que realiza el concejal de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón, -que incluyen desde matafuegos hasta cámaras de seguridad, pasando por inspecciones de Bomberos y Defensa Civil- sugiere que existen dudas concretas sobre el funcionamiento actual del circuito.
El proyecto ingresado al Concejo Deliberante plantea dudas concretas sobre el funcionamiento del Autódromo Roberto Mouras
La iniciativa cobra una dimensión política mayor al vincularse con quien aparece como figura central en la gestión del autódromo: Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y referente histórico del automovilismo nacional.
Mazzacane no solo lidera la entidad que organiza el Turismo Carretera -la categoría más popular del país- sino que también mantiene un rol clave en la administración del Mouras, lo que lo ubica en una posición de fuerte influencia sobre el uso y control del predio.
El contexto judicial reciente agrega un elemento de tensión a la discusión. Días atrás, la Justicia Federal de La Plata procesó a Mazzacane en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta vinculada a la empresa Quilmes Tolosa S.A., dedicada a la distribución de bebidas. El expediente se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según la investigación, el empresario habría participado de un entramado societario destinado a ocultar ingresos, desviar activos y evitar el pago de impuestos, con un perjuicio al Estado cercano a los 4.000 millones de pesos. El clan lo integrarían además sus hijos Gastón y Juan Manuel y otros directivos y sociedades que integran el grupo económico investigado.
El procesamiento -dictado por el juez federal Alejo Ramos Padilla- también incluyó embargos sobre bienes, cuentas y vehículos del grupo económico. De acuerdo con la fiscalía, las maniobras se habrían extendido durante años e incluyeron contabilidad paralela, transferencias de activos y utilización de sociedades vinculadas para sostener la operatoria comercial evitando cargas fiscales.
En este contexto, el pedido de informes en el Concejo Deliberante sobre el Autódromo Mouras abre interrogantes que exceden lo estrictamente técnico. La coincidencia entre la investigación judicial por presuntas maniobras económicas irregulares y el rol de Mazzacane en la administración de un predio de relevancia pública instala una discusión sobre controles, transparencia y responsabilidades.
El proyecto presentado en el Concejo no menciona directamente la causa judicial, pero su nivel de detalle -especialmente en lo referido a balances, ingresos y administración- parece dialogar con un clima de creciente escrutinio sobre la gestión de recursos y estructuras vinculadas al empresario.
Entre los puntos más sensibles del pedido figuran la exigencia de informes sobre protocolos de emergencia, inspecciones técnicas recientes, habilitaciones vigentes y cumplimiento de normas ambientales y de seguridad. También se solicita información sobre reclamos vecinales, denuncias o causas judiciales relacionadas con el predio.
En un escenario donde los eventos masivos implican riesgos concretos, la falta de controles o información clara podría derivar en responsabilidades políticas y legales.
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