La máxima instancia penal federal define dos expedientes que atraviesan a los sectores de Iván Tobar y Juan Pablo “Pata” Medina, rivales en UOCRA La Plata.
La disputa por el control de la UOCRA La Plata tiene desde hace años un capítulo abierto en los tribunales federales. Ahora, dos expedientes volvieron a colocar a la Cámara Federal de Casación Penal en el centro de la escena y pueden tener consecuencias sobre el futuro judicial de las dos facciones que protagonizan la interna gremial.
Por un lado, Casación deberá volver a intervenir en la causa contra Juan Pablo “Pata” Medina, su hijo Cristian “Puly” Medina y otros acusados por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión vinculados con empresarios de la construcción. La Corte Suprema dejó sin efecto el fallo que había confirmado la nulidad del expediente y ordenó que el máximo tribunal penal federal dicte una nueva resolución.
Por el otro, en un expediente diferente, la defensa de Iván Tobar, a cargo del abogado Germán Oviedo, tiene planteado un pedido de excarcelación y, en subsidio, de arresto domiciliario para el dirigente que permanece detenido y que ya fue enviado a juicio oral por las amenazas contra magistrados que intervinieron en la causa del clan Medina.
Son dos causas distintas y con historias procesales diferentes. Pero tienen un punto de contacto: ambas atraviesan judicialmente la pelea por el poder en la seccional platense de la UOCRA.
La situación del Pata Medina dio un giro inesperado después de la intervención de la Corte Suprema. El exsecretario general de la UOCRA La Plata fue detenido en septiembre de 2017 junto con su hijo Cristian “Puly” Medina y otras personas, acusado de integrar una asociación ilícita y de participar en maniobras de lavado de dinero y extorsión relacionadas con empresarios de la construcción.
El expediente llegó a las puertas del juicio oral, pero en octubre de 2022 el entonces juez del Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata, Alejandro Esmoris, declaró la nulidad de todo lo actuado y sobreseyó a los acusados. Esmoris entendió que la investigación estaba vinculada con la denominada “Gestapo” antisindical y con una presunta maniobra de inteligencia ilegal.
La fiscalía apeló. En 2023, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por mayoría las nulidades y los sobreseimientos, con los votos de Ángela Ledesma y Alejandro Slokar. Guillermo Yacobucci votó en disidencia y consideró prematuro cerrar el expediente sin avanzar hacia el debate oral.
El fiscal general Raúl Pleé llevó entonces el planteo ante la Corte Suprema. El máximo tribunal aceptó el recurso y el jueves 10 de septiembre pasado dejó sin efecto la resolución de Casación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti compartieron los fundamentos del procurador general interino Eduardo Casal y ordenaron que el expediente vuelva a Casación para una nueva decisión.
Eso significa que el sobreseimiento de Medina y los demás acusados sigue vigente por ahora, pero ya no está firme. Casación deberá analizar nuevamente si mantiene el cierre del expediente o si habilita el camino hacia el juicio oral que pretende la fiscalía.
Los abogados del clan Medina ya anticiparon que volverán a plantear la nulidad. César Albarracín representa al Pata Medina, mientras que Juan Di Nardo y Alejandro Montone intervienen por Cristian “Puly” Medina.
En paralelo, Iván Tobar atraviesa otro escenario dentro del fuero federal. La causa en la que está acusado de instigar amenazas contra magistrados ya fue elevada a juicio oral y quedó radicada en el Tribunal Oral Criminal Federal N°2 de La Plata. El expediente continúa con Tobar en prisión preventiva.
El origen del caso está en un video que se viralizó entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de agosto de 2021. Allí aparecían personas que aparentaban pertenecer al entorno de Medina y proferían amenazas contra el entonces juez federal Alejandro Esmoris y el fiscal Marcelo Molina, quienes intervenían en el expediente que tenía como acusado al exlíder de la UOCRA y a integrantes de su familia.
La hipótesis de la acusación fue que Tobar habría instigado la maniobra para hacer aparecer las amenazas como provenientes del sector de Medina y perjudicar así a su rival gremial en un momento decisivo de la causa.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de Tobar por amenazas agravadas y mantuvo su prisión preventiva, pero al mismo tiempo produjo un recorte importante del expediente: dejó sin efecto la acusación de asociación ilícita y otras imputaciones que había sostenido el juez Ernesto Kreplak.
Con esa resolución, la discusión sobre la responsabilidad de Tobar quedó encaminada hacia el juicio oral. La defensa, sin embargo, abrió otro frente: conseguir que el dirigente llegue a esa instancia en libertad o, al menos, bajo arresto domiciliario.
La situación procesal de Tobar tiene un dato central: la Cámara Federal ya confirmó que debe continuar detenido, pero la defensa sostiene que las condiciones que justificaron la prisión preventiva deben ser revisadas y que existen alternativas menos gravosas.
El pedido de morigeración fue planteado por Germán Oviedo cuando la causa ingresó a la etapa de juicio. La defensa solicitó el arresto domiciliario como alternativa a la prisión preventiva y ahora mantiene además un planteo de excarcelación.
La discusión adquiere especial importancia porque la propia Cámara Federal recortó de manera considerable el alcance de la imputación original. Tobar quedó procesado por el episodio de las amenazas, pero fue desvinculado de la asociación ilícita que había formado parte de la acusación de primera instancia. Los camaristas entendieron que había elementos suficientes para sostener la hipótesis de su intervención en el video, pero no para mantener el resto de las imputaciones.
La defensa pretende que esa modificación tenga consecuencias también sobre la medida cautelar. Su argumento apunta a que una acusación más acotada debe ser acompañada por una nueva evaluación de la necesidad de mantener una prisión preventiva que se prolonga mientras la causa ya se encuentra encaminada al debate oral.
El expediente, además, presenta una particularidad: el propio Tobar fue enviado a juicio por una acusación cuya prueba y alcance fueron discutidos durante meses ante la Cámara Federal. Los camaristas mantuvieron la preventiva, pero modificaron sustancialmente la plataforma acusatoria.
Así, mientras el clan Medina espera que Casación vuelva a pronunciarse sobre la validez de la megacausa que podría llevarlos a juicio, Tobar aguarda una definición sobre las condiciones en las que afrontará el suyo.
En el caso Medina, el máximo tribunal penal federal deberá resolver nuevamente si mantiene la nulidad dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata o si, como pretende el Ministerio Público Fiscal, permite que la investigación avance hacia un debate oral. La Corte ya dejó en claro que el anterior pronunciamiento de Casación no puede sostenerse tal como fue dictado.
En el caso Tobar, el escenario es diferente: allí el juicio oral ya fue habilitado y el expediente está radicado en el mismo Tribunal Oral Federal N°2. Lo que está pendiente es la situación cautelar del dirigente, que permanece detenido mientras su defensa busca una salida que le permita esperar el debate en libertad o bajo arresto domiciliario. El debate oral aún no tiene fecha de realización.
De este modo, la Cámara Federal de Casación Penal vuelve a quedar en una posición determinante para dos sectores enfrentados durante años por la conducción de la UOCRA La Plata. Una resolución puede definir si la causa que pesa sobre los Medina vuelve a caminar hacia un juicio oral. La otra puede determinar si Tobar llega a ese juicio desde una cárcel federal o desde una modalidad de detención menos gravosa.
La interna gremial sigue siendo una disputa por el poder dentro de la UOCRA, pero sus dos principales protagonistas tienen ahora una parte decisiva de su futuro judicial pendiente de decisiones en la Justicia Federal. Y el próximo capítulo, en ambos expedientes, se escribirá en Casación.
En tanto el gremio continúa bajo la intervención de Oscar Rizzo, un viejo amigo gremial del titular nacional del gremio, Gerardo Martínez y del excacique sindical, Juan Pablo “Pata” Medina.
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