Raúl Dalto denunció una resolución paralela y remitió el caso a la Justicia Penal de La Plata. Ahora enfrenta una licencia tras denunciar a dos camaristas.
El juez Raúl Dalto denunció presuntas irregularidades dentro de la Cámara Penal de La Plata y remitió las actuaciones a la Justicia Penal. En el expediente hay una pericia informática que detectó 18 intervenciones sobre una resolución paralela. Ahora, días después de denunciar a dos camaristas, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires lo licenció por 90 días.
El caso dejó hace tiempo de ser solamente una disputa por unas tierras de City Bell. En el centro de la escena quedó un juez que decidió denunciar lo que consideró irregularidades dentro del tribunal que integra y que, por su deber funcional, remitió las actuaciones a la fiscalía penal. Del otro lado aparecen intereses económicos vinculados con un desarrollo inmobiliario y una estructura de poder que atraviesa los tribunales de la capital bonaerense.
Raúl Dalto, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, denunció a sus colegas Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard por hechos que, según los planteos realizados, podrían constituir delitos. Las magistradas enfrentan pedidos de jury de enjuiciamiento y la investigación incluye una pericia informática realizada sobre el sistema judicial.
El dato que vuelve particularmente sensible al expediente es que esa pericia registró actividad sobre una resolución paralela durante la mañana del 11 de mayo de 2026. Según la denuncia de Dalto, fueron 18 intervenciones antes de que él firmara la resolución original, además de firmas parciales, retiro de firmas y modificaciones vinculadas con su voto.
No se trata, entonces, solamente de una discusión entre magistrados sobre la interpretación de una norma. Lo que Dalto denunció fue la existencia de una resolución “melliza”, distinta de aquella sobre la cual estaba trabajando y votando. Y una pericia informática aportó registros objetivos sobre las intervenciones realizadas sobre ese documento.
El expediente tiene como telón de fondo un conflicto por tierras de City Bell y Los Porteños vinculadas con la urbanización Clementina II, un desarrollo proyectado sobre cinco parcelas, unas 20 manzanas y alrededor de 228 lotes. Juan Sebastián Lorne Stephens aparece en el expediente como presidente de Astufa Fiduciaria S.A. y fiduciario del emprendimiento.
La familia Carrizo sostiene que posee esos terrenos desde hace aproximadamente 60 años. La Justicia Civil intervino en el conflicto, produjo prueba y resolvió hacer lugar a un interdicto de retener la posesión contra Lorne Stephens y Astufa Fiduciaria S.A., ordenando que cesaran los actos de turbación. La Cámara Civil confirmó posteriormente esa decisión.
Mientras tanto, avanzaba una causa penal por usurpación. Allí, la Sala I de la Cámara Penal —integrada entre otros por Dalto, Oyhamburu y Rezzónico Bernard— dictó una resolución que ordenaba la restitución del inmueble y establecía un plazo de 72 horas para el desalojo.
Pero el expediente penal tenía un problema decisivo: según la reconstrucción realizada posteriormente por el fiscal Patricio Barraza, la acción se encontraba prescripta. El último acto interruptivo databa del 3 de agosto de 2021 y habían transcurrido más de tres años. Esa circunstancia, según el planteo fiscal, impedía continuar la investigación y hacía inviable ejecutar el lanzamiento. En ese escenario apareció la denuncia de Dalto. Y el camarista no eligió guardar silencio.
Dalto denunció lo que había ocurrido dentro de su propia Sala y, por una cuestión ética y por obligación legal, remitió copia de las actuaciones a la fiscalía penal en turno. Posteriormente, las denuncias contra Oyhamburu y Rezzónico Bernard fueron ampliadas y se incorporó la posible comisión del delito de prevaricato.
El propio expediente plantea que el prevaricato no supone simplemente que un juez se equivoque, sino que requiere determinar si una resolución contraria al derecho pudo haber sido dictada con conocimiento de esa contradicción. Por eso, la reconstrucción temporal de los hechos y la pericia informática adquieren una importancia central.
Y aquí aparece la pregunta que atraviesa todo el caso. ¿Qué ocurre cuando el juez que denuncia una presunta irregularidad dentro del Poder Judicial termina siendo quien queda bajo amenaza de una sanción disciplinaria?
Porque, según lo denunciado, días después de que Dalto denunciara la conducta de sus colegas, la Suprema Corte dispuso su licencia por 90 días.
La secuencia resulta, cuanto menos, inquietante: un camarista advierte una presunta irregularidad en una resolución, se realiza una pericia informática, aparecen registros de intervenciones sobre una versión paralela, las magistradas denunciadas enfrentan pedidos de jury por la presunta comisión de delitos y, después, el juez que puso el episodio en conocimiento de la Justicia queda bajo cuestionamiento.
No corresponde afirmar que esa sucesión de hechos pruebe por sí misma una maniobra para silenciarlo. Pero tampoco parece razonable ignorar la pregunta que plantea.
El expediente excede así la discusión técnica sobre una resolución judicial. En un extremo está un juez que, según su propio planteo, decidió cumplir con sus obligaciones y denunciar aquello que consideraba que debía ser investigado. En el otro, un conflicto sobre tierras de enorme interés económico y un proyecto inmobiliario de 228 lotes.
El propio expediente advierte que las coincidencias que rodean el caso deben ser investigadas: el mismo interesado, el mismo inmueble, el objetivo de obtener el desalojo pese a la prescripción, los mismos antecedentes jurisprudenciales y la posibilidad de que las mismas magistradas vuelvan a intervenir pese a haber sido denunciadas.
Por eso, la discusión ya no pasa solamente por quién tiene razón en la disputa por los terrenos de City Bell. La cuestión institucional es mucho más profunda: ¿puede un juez denunciar irregularidades dentro de su propio tribunal sin quedar expuesto a represalias?
Y la pregunta final queda inevitablemente en manos de la máxima autoridad judicial bonaerense: ¿la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires permitirá que un magistrado que denunció posibles delitos enfrente un jury reactivado tras su denuncia?
La respuesta no sólo definirá el futuro de Raúl Dalto. También marcará un límite sobre cuánto puede resistir un juez cuando sus decisiones y sus denuncias chocan con intereses económicos poderosos de la capital bonaerense.
Porque detrás de un expediente por unas tierras de City Bell hay ahora una disputa mucho más grande: la independencia de un juez frente al poder económico y la capacidad del propio Poder Judicial para investigar sus irregularidades sin castigar a quien las denuncia.
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