Con informes oficiales y el impulso de la familia, la causa podría dar un giro clave en la investigación que comenzó por un presunto suicidio.
La investigación por la muerte de Ainara Buschiazzo, la joven de Berisso que fue encontrada sin vida en febrero de 2025, sumó en los últimos días una medida clave: la Justicia de La Plata ordenó una pericia psicológica forense sobre las conversaciones que mantenía con su novio, un elemento considerado central para reconstruir el contexto emocional y vincular previo al desenlace que por el momento es un suicidio.
La decisión se enmarca en una causa que, aunque comenzó bajo la hipótesis de suicidio, fue tomando un giro a partir de la intervención de la familia, sus abogados y organismos estatales, que impulsan una mirada más amplia: la de una posible instigación al suicidio en un contexto de violencia de género.
Denuncian violencia previa, inconsistencias en la escena y demoras procesales. Señalan a su pareja como principal sospechoso. Berisso en alerta.
La familia de Ainara Buschiazzo pidió que su expareja sea imputada por instigación al suicidio. El planteo sentaría un precedente inédito en la Justicia.
El expediente tramita en la UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata y tiene como protagonistas a los padres de la víctima, Carlos Javier Buschiazzo y Silvina Edith Marcoz, y su hermano Lautaro Buschiazzo, quienes actúan como particulares damnificados con el patrocinio de los abogados Cristian González y Gastón Jesser.
Ainara fue encontrada sin vida en su habitación el 10 de febrero de 2025. Según consta en la causa, su madre la halló colgada de una sábana, en un episodio que inicialmente fue interpretado como un suicidio.
Sin embargo, con el avance de la investigación comenzaron a surgir elementos que pusieron en duda esa mirada inicial. Entre ellos, las últimas conversaciones mantenidas con su pareja, que ahora serán sometidas a un análisis psicológico forense.
De acuerdo a los documentos oficiales incorporados al expediente, en las horas previas a su muerte Ainara había mantenido una discusión con su novio en torno a un conflicto de pareja, lo que constituye uno de los puntos de partida para reconstruir el contexto.
La nueva medida ordenada por la Justicia apunta a realizar una pericia especializada sobre el contenido de los mensajes intercambiados entre Ainara y su pareja durante meses, y especialmente en los días previos al hecho.
Ese material ya había sido incorporado a la causa a partir de una pericia informática sobre el celular de la joven. Allí se detectaron intercambios constantes, extensos y de alta carga emocional, que reflejarían —según la familia— un vínculo atravesado por conflictos, control y desgaste psicológico.
Ahora, con la intervención de expertos, se buscará determinar si ese contenido permite identificar patrones de violencia, manipulación emocional o presión psicológica, elementos que podrían ser determinantes para el futuro de la causa.
En paralelo, la causa sumó el respaldo técnico del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que presentó informes ante la fiscalía con una lectura específica del caso.
En uno de esos documentos oficiales, firmado por la directora María Susini junto a un equipo interdisciplinario, se advierte que la muerte de Ainara debe ser considerada como una “muerte violenta de una mujer”, lo que obliga a investigar desde el inicio con perspectiva de género.
El informe retoma lineamientos del Protocolo Latinoamericano para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y subraya que incluso en casos que aparentan ser suicidios, debe sostenerse inicialmente la hipótesis de femicidio, para evitar la pérdida de pruebas o interpretaciones sesgadas.
Además, introduce el concepto de “suicidio femicida”, una categoría en desarrollo que apunta a visibilizar situaciones en las que una mujer se quita la vida en un contexto de violencia de género, presión o vulnerabilidad estructural.
El Ministerio también solicitó que intervenga la Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y Victimología, a cargo del licenciado Alejandro Osorio, con el objetivo de elaborar un informe específico sobre el caso.
Ese estudio permitiría profundizar en el perfil de la víctima, su entorno, su estado emocional y las condiciones que rodearon su muerte, aportando una mirada técnica clave para la investigación.
A su vez, se pidió la incorporación de una testigo experta en violencia de género, que pueda aportar conocimientos especializados para interpretar los elementos probatorios desde esa perspectiva.
En este escenario, la familia de Ainara sostiene que la causa debe avanzar hacia un cambio de calificación legal y evaluar la figura de instigación al suicidio, contemplada en el artículo 83 del Código Penal.
El argumento es que la decisión de la joven no puede analizarse de manera aislada, sino como el resultado de un proceso de violencia y desgaste emocional que habría condicionado su voluntad.
Si esa hipótesis prospera, el caso podría convertirse en uno de los primeros en la provincia de Buenos Aires en abordar una muerte de estas características bajo una perspectiva integral de género y con posible encuadre penal hacia terceros.
La historia de Ainara Buschiazzo ya trascendió el expediente judicial. Su caso se convirtió en un punto de discusión sobre cómo se investigan las muertes de mujeres en contextos de violencia, y sobre los límites entre una decisión individual y las responsabilidades del entorno.
La pericia sobre los chats marca ahora un punto de inflexión. De sus conclusiones dependerá en gran medida el rumbo de la causa y la posibilidad de avanzar hacia una imputación.
Mientras tanto, la familia insiste en su reclamo: que se investigue a fondo, con todas las herramientas disponibles y sin descartar ninguna hipótesis. La Justicia tiene ahora la palabra en un caso que podría marcar un antes y un después en la forma de abordar estas muertes en la provincia de Buenos Aires.