viernes 06 de diciembre de 2024

La justicia de La Plata investiga una grave denuncia del Colegio Superior de Odontólogos bonaerenses

Fue presentada por el titular de la entidad con sede en La Plata. Un caso de presunta corrupción en el ámbito privado que se debate en la justicia.

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Una denuncia penal en la justicia de La Plata sacudió la estantería en el mundo de la colegiatura profesional. Se trata de un pedido de investigación formal por el delito de administración fraudulenta presentada por el presidente del Colegio Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires (COSUCOBA) contra las exautoridades de la institución.

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El denunciante, con el patrocinio de los abogados Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, solicitó la investigación del caso y la posibilidad de ser reconocido como parte damnificada en el proceso.

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El expediente tramita en la Justicia Penal de la capital bonaerense.

El expediente tramita en la Justicia Penal de la capital bonaerense.

Irregularidades denunciadas

La denuncia presentada por Sergio Geréz, titular del COSUCOBA, detalla una serie de irregularidades administrativas que involucran a las autoridades anteriores del Consejo Superior.

Pagos excesivos por publicidad y pauta: Se denuncian pagos mensuales considerablemente elevados a diversas empresas por servicios de "contenido y pauta". Estos pagos, que alcanzaron sumas de hasta $423.500 por mes, se realizaron sin que se haya podido constatar la realización de las labores.

Falta de contratos y documentación: No se encontraron contratos o registros documentales que respalden la contratación de estas empresas o que expliquen la aprobación de los pagos. La única información disponible se encuentra en intercambios de correos electrónicos entre la cuenta oficial de la institución y las empresas, con conversaciones breves que solo mencionan "pauta y publicidad".

Sospechas de empresas fantasma: Se señala que al menos una de las empresas, LIDS COMUNICACIONES SA, podría ser una "empresa fantasma". Esta empresa emitió cinco facturas a COSUCOBA como única cliente, no contaba con teléfono, correo electrónico o sitio web al momento de la denuncia, y su domicilio registrado era ficticio.

Ausencia de comunicación: A pesar de la notoriedad del caso, las empresas involucradas no se han comunicado con la nueva gestión del COSUCOBA.

Estas irregularidades sugieren la posibilidad de un delito de administración fraudulenta en perjuicio de las arcas del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires. La denuncia solicita una investigación detallada de los hechos para determinar la existencia de un delito y la responsabilidad de las autoridades anteriores.

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Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri son los abogados del Colegio Superior del Colegio de Odontólogos con sede en La Plata.

Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri son los abogados del Colegio Superior del Colegio de Odontólogos con sede en La Plata.

Empresas y servicios en la mira de la Justicia

Las empresas que presuntamente prestaron servicios al Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, según la denuncia presentada, son:

BOSCAN: Esta empresa facturó $50.000 en mayo, julio y noviembre de 2022 por servicios no especificados en la denuncia, pero que se presume están relacionados con "contenido y pauta".

TONAL MEDIA SRL: Facturó $423.500 en junio y julio de 2022 por "contenido y pauta".

MONZANT CUMARE: Facturó $50.000 en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 por "contenido y pauta". También se menciona una factura impaga por la misma cantidad.

LIDS COMUNICACIONES SA: Facturó $423.500 en septiembre, octubre (dos veces) y noviembre de 2022. Además, se mencionan tres facturas impagas por el mismo monto. La denuncia señala que esta empresa podría ser una "empresa fantasma" debido a que solo emitió facturas a COSUCOBA, tenía un domicilio ficticio y solo dos empleadas.

En todos los casos, los servicios facturados se describen como "contenido y pauta". Sin embargo, la denuncia plantea dudas sobre la realización efectiva de estos servicios, ya que no se encontraron contratos ni documentación que respalde las contrataciones

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