Familiares impulsan un hábeas corpus colectivo para saber dónde están los desaparecidos, con fuerte presencia platense. La Justicia debe dar respuestas.
La Justicia Federal vivirá este jueves una audiencia inédita que puede marcar un punto de inflexión en la búsqueda de respuestas sobre el destino de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. El hábeas corpus impulsado por familiares y organismos de derechos humanos tiene un fuerte anclaje en La Plata y la región, donde se estima que hubo al menos 1.200 víctimas del terrorismo de Estado.
La audiencia se desarrollará en la Sala II de la Cámara Federal, en los tribunales de Comodoro Py, y será la primera vez que un medida colectiva de estas características llega a instancia de exposición oral tras haber evitado su archivo.
El eje del reclamo es claro y contundente: que el Estado diga dónde están los desaparecidos y qué ocurrió con cada una de las víctimas. Una pregunta que, a más de 50 años del golpe de Estado de 1976, sigue abierta.
El impulso de esta acción judicial no es ajeno a La Plata, Berisso y Ensenada. En esta región, profundamente golpeada por la represión ilegal, se registraron al menos 1.200 personas desaparecidas, una cifra que atraviesa generaciones y que sigue presente en la memoria colectiva.
La abogada platense Sofía Caravelos, hija de desaparecidos, forma parte de la comisión legal que diseñó la estrategia judicial y se identifica con el nombre Son Sin Cuenta con alta participación en redes sociales (@sonsincuenta) desde este año. En sus declaraciones, explicó que el hábeas corpus colectivo también se nutre de lo ocurrido el 23 de marzo en La Plata, cuando se realizó una intervención simbólica con zapatos que representaban a las víctimas.
“Generamos esa imagen tan potente de los zapatos, tratando de pensar en esos 1.200 desaparecidos en la región. Muchos familiares se acercaron a firmar ese hábeas corpus”, sostuvo.
Según detalló, más de 160 personas de la Región suscribieron la presentación, incluyendo familiares que durante décadas buscaron respuestas por vías individuales sin éxito.
Uno de los puntos centrales del planteo es que, si bien los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron condenas históricas, no lograron resolver una cuestión esencial: el destino final de los desaparecidos.
“La pregunta de dónde están no fue saldada con los juicios”, explicó Caravelos. “Hubo condenas, en otros casos aún no hay sentencia, pero esa respuesta sigue pendiente”. sumó.
El documento presentado ante la Justicia sostiene justamente esa deuda estructural. A lo largo de décadas, miles de hábeas corpus individuales fueron rechazados o archivados. Incluso durante la dictadura, las presentaciones de familiares no sólo eran desestimadas, sino que en algunos casos implicaban sanciones económicas para quienes las promovían.
Caravelos recordó un caso personal: su abuela presentó varios recursos que fueron sistemáticamente rechazados, y en uno de ellos incluso fue condenada en costas por haber preguntado por el paradero de sus padres.
Ese recorrido histórico es el que explica el cambio de estrategia: pasar de reclamos individuales a una acción colectiva.
Desde la organización convocante remarcaron que nunca antes se había presentado un hábeas corpus con estas características: un colectivo de personas reclamando por la totalidad de las víctimas del terrorismo de Estado.
El planteo ya tuvo un primer obstáculo. En una instancia inicial, el juez federal interviniente rechazó el recurso, cuestionando su carácter colectivo y exigiendo la identificación individual de cada caso. Sin embargo, la apelación permitió revertir esa decisión y habilitar la audiencia de este jueves.
Ese giro procesal es el que convierte al expediente en un antecedente de alto impacto institucional. “Logramos que el hábeas corpus no sea archivado y que nos concedan una audiencia presencial para exponer nuestros argumentos”, señalaron desde la organización en la convocatoria oficial.
El tribunal que escuchará a las partes estará integrado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
El cambio de enfoque no es menor. Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos estuvo marcada por iniciativas individuales: cada familia preguntando por su ser querido. Pero esa lógica, sostienen los impulsores, demostró ser insuficiente.
“La historia nos ha demostrado que ir en términos individuales no nos salda la pregunta”, explicó Caravelos. “El genocidio fue colectivo, la respuesta también tiene que ser colectiva”.
En esa línea, el hábeas corpus apunta a interpelar al Estado en su conjunto, no sólo en relación a casos puntuales. La exigencia es que se brinde información integral sobre el destino de todas las víctimas. El argumento también cuestiona la fragmentación de la información, que a lo largo de los años dificultó reconstruir el mapa completo del terrorismo de Estado.
En La Plata y la región, el impacto de la dictadura tuvo características particulares. La ciudad fue uno de los epicentros de la represión, con fuerte presencia de estudiantes, militantes políticos, sindicalistas y trabajadores que fueron secuestrados.
El número de 1.200 desaparecidos en la región no es sólo una estadística: es una marca estructural en la historia local. Universidades, barrios y organizaciones sociales siguen atravesados por esa memoria.
Por eso, la audiencia de este jueves no es un hecho aislado para la ciudad. Es, en muchos sentidos, la continuidad de una lucha que lleva décadas. La participación de familiares platenses en la firma del hábeas corpus refuerza ese vínculo territorial, que se traduce también en la construcción de memoria colectiva a través de intervenciones, actos y movilizaciones.
El desarrollo de la audiencia será seguido de cerca por organismos de derechos humanos, referentes políticos y el ámbito judicial. No sólo por el contenido del reclamo, sino por las implicancias que puede tener su resolución.
Si la Cámara Federal habilita el tratamiento de fondo del hábeas corpus, se abriría un camino inédito para exigir respuestas al Estado sobre el destino de los desaparecidos.
En cambio, si el planteo es nuevamente rechazado, se reforzaría la línea histórica de negativas judiciales frente a este tipo de reclamos. En cualquiera de los escenarios, el caso ya logró instalar nuevamente en la agenda pública una de las preguntas más profundas de la historia argentina.
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