La investigación por la muerte de Yanina Correa quedó bajo cuestionamientos por fallas en pericias, preservación de la escena y otras medidas clave.
La familia de Yanina Correa pidió apartar al fiscal de la UFI Nº 6 de La Plata por presuntas irregularidades y falta de avances en la investigación de su muerte. Con patrocinio de la Asociación Civil Miguel Bru, denunció contaminación de la escena, una hipótesis de sobredosis sin pruebas y omisiones en pericias clave.
El caso de la mujer de 30 años estalló a fines del año pasado, cuando su familia denunció su desaparición y tuvo repercusión durante varias semanas. Primero el 3 de enero, cuando aparecieron restos humanos en un descampado cercano a su casa y más de un mes después cuando el 16 de febrero se confirmó por pruebas de ADN que pertenecían a ella.
Los hermanos de Yanina, Germán, Patricia y Nahir Correa, presentaron un pedido ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de La Plata para que el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6, Patricio Barraza, sea apartado de la investigación.
La presentación también fue realizada ante el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia. Según plantearon los particulares damnificados, existe una “pérdida evidente de objetividad” y una parálisis de la causa luego de varios meses sin avances, pese a los pedidos y las visitas realizadas a la Fiscalía.
Con el acompañamiento de la Asociación Civil Miguel Bru, la familia detalló una serie de situaciones que, según denunció, afectan el normal desarrollo de la investigación y se apartan de los estándares internacionales aplicables a casos de muertes violentas de mujeres.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la preservación del lugar donde fue hallada Yanina. La familia sostuvo que la Fiscalía no se presentó en la escena y que el procedimiento quedó delegado en la comisaría local.
En ese sentido, el propio expediente judicial reconoce que “la preservación del lugar resultó ser nula por encontrarse personal policial dentro del perímetro a rastrillar”, una situación que, de acuerdo con la presentación, pudo haber afectado la conservación de posibles evidencias.
Los familiares también cuestionaron que la única línea de investigación que, según afirman, les fue comunicada por las autoridades haya sido que Yanina murió por consumo de drogas. Sostuvieron que esa hipótesis fue transmitida por la Policía como “opinión personal” y que no estaba respaldada por pericias científicas.
Otro de los puntos denunciados está relacionado con presuntas presiones y amenazas que los hermanos aseguran haber recibido de efectivos estatales para evitar que declararan bajo reserva de identidad. Según la presentación, además, la familia había advertido al fiscal que personal policial de la zona podría estar implicado.
La denuncia sostiene que todavía no se realizaron medidas consideradas básicas para esclarecer las circunstancias de la muerte. Entre ellas, el análisis de las prendas de vestir, las comunicaciones, las geolocalizaciones de los sospechosos y las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.
La familia también reclamó la entrega del certificado de defunción de Yanina, que aseguró haber solicitado en varias oportunidades. Según explicaron, el documento resulta especialmente necesario para resolver la situación de sus tres hijos menores de edad, que quedaron sin su madre.
En el pedido de apartamiento, los familiares señalaron además un presunto incumplimiento de los estándares de “Debida Diligencia Reforzada” y del Protocolo de Minnesota. Según la presentación, estos criterios, vinculados a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigen una investigación exhaustiva de las muertes violentas de mujeres y una perspectiva de género.
La familia considera que el rumbo adoptado por la investigación implicó un “desvío deliberado de la investigación” y remarca que, hasta el momento, permanecen sin esclarecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría de la muerte de Yanina Correa.
Por ese motivo, solicitaron formalmente el apartamiento del fiscal de la UFI Nº 6 y la designación urgente de un nuevo instructor. El objetivo, según expresaron en la presentación, es garantizar la transparencia del proceso y avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Yanina y en la determinación de los responsables.
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