El debate oral se realizará mediante un juicio por jurado y una ONG de La Plata patrocinará a las dos menores menores.
Entre el 5 y el 7 de octubre, doce ciudadanos comunes se sentarán en una sala de audiencias de La Plata para juzgar al pastor evangélico Esteban Cayetano Nuñez Morel. Está acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal" y "corrupción de menores" en perjuicio de dos nenas de 9 y 11 años.
La historia sobre su derrotero para llegar al banquillo no es la habitual de los tribunales platenses, donde las causas contra los poderosos o los protegidos suelen diluirse en el trámite burocrático y el olvido. Es, antes que nada, la historia de una fuga interceptada.
Los taxistas de La Plata se declararon en alerta y movilización y realizarán una caravana contra las aplicaciones y la falta de controles.
Un impactante accidente de tránsito encendió alarmas en La Plata, dado que el conductor involucrado en incidente terminó aprehendido por conducir alcoholizado.
Cuando las dos niñas y su mamá no tuvieron más a dónde ir, tocaron la puerta de Casa María Pueblo y en esa institución encontraron algo más que el techo, la comida y el sostén psicológico que el Estado retaceaba: encontraron abogados que no les cobraron un peso. En un expediente donde la falta de recursos equivale a la impunidad, esa asistencia gratuita fue la única fuerza que impidió que Nuñez Morel desapareciera. "Esa es una de las razones por las que logramos encontrarlo y que no se profugue", aseguran en la organización.
El dato expone la maquinaria del fuero penal: en Argentina sostener una querella contra un abusador requiere un dinero que las víctimas no tienen. Sin el patrocinio técnico, el expediente duerme y el acusado se evade. La Casa María Pueblo calcula en 7 millones de dólares los honorarios profesionales que ha donado en casi tres décadas de trabajo, una cifra que mide con exactitud el tamaño de la justicia que el mercado niega a los pobres. En 29 años, la ONG asistió a más de 35.000 personas y logró más de 80 condenas a abusadores.
La Casa María Pueblo calcula en 7 millones de dólares los honorarios profesionales que ha donado en casi tres décadas de trabajo
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3, presidido por un juez técnico y con la acusación a cargo del fiscal Lucas Rodríguez Domski. Pero la decisión final no saldrá de la pluma de un magistrado acostumbrado a la jerga de los pasillos, sino de las doce personas del pueblo que escucharán los hechos de frente. Esta vez, el delito abandona la penumbra del expediente para ser juzgado al descubierto.
