Una inversión inmobiliaria en Estados Unidos que prometía rentabilidad en dólares terminó en una denuncia penal por una presunta estafa que tiene como damnificados a varios futbolistas profesionales, algunos de ellos con pasado en Estudiantes de La Plata. Los inversores aseguran haber entregado millones de dólares para comprar, remodelar y alquilar viviendas en la ciudad de Baltimore, Maryland, pero denuncian que muchas propiedades nunca fueron transferidas a nombre de sus sociedades, otras quedaron en condiciones inhabitables y tampoco recibieron los alquileres que supuestamente generaban.
La presentación fue realizada ante el fuero Penal de La Plata por un grupo de inversores platenses y solicita que se investigue una posible asociación ilícita, estafas y otras maniobras defraudatorias. El reclamo por los capitales entregados asciende a 2.679.000 dólares, sin contar alquileres presuntamente retenidos, multas, impuestos impagos y gastos extraordinarios.
Entre los damnificados aparecen los futbolistas Facundo Fraga, Leonardo Jara, Ezequiel Cerutti, Lucas Rodríguez, Gonzalo Maroni, Alejandro Mena y Juan Francisco Brunetta. Algunos de ellos vistieron la camiseta de Estudiantes durante sus carreras profesionales. El abogado Ignacio Fernández Camillo actúa como apoderado de los jugadores en la presentación judicial.
Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara y Lucas Rodríguez, los exjugadores del pincha que denunciaron la maniobra
El contador Emiliano Ezequiel Galletti, –hermano de Luciano Galetti, también exjugador pincha– quien asesoraba a los futbolistas y administraba parte de sus inversiones, también figura entre los denunciantes. Según relató, fue a partir de su propia experiencia inmobiliaria en Baltimore que tomó contacto con los responsables de la propuesta y comenzó a acercar a sus clientes al negocio.
La denuncia describe una operatoria que habría comenzado con reuniones informativas en hoteles de La Plata y Buenos Aires. Allí se ofrecía un paquete de inversión inmobiliaria bajo la modalidad "llave en mano": los interesados aportaban el dinero y una estructura empresarial se encargaba de comprar las propiedades, remodelarlas, administrarlas y conseguir inquilinos.
La rentabilidad prometida oscilaba entre el 10% y el 11% anual en dólares. Los pagos, según la propuesta, comenzarían una vez que las viviendas estuvieran listas para ser alquiladas.
La denuncia fue presentada en el fuero Penal de La Plata
AGLP
Los millones de dólares que invirtieron los futbolistas
De acuerdo con el detalle incorporado a la denuncia, los siete futbolistas aportaron en conjunto 2.125.000 dólares para adquirir distintas propiedades residenciales en Baltimore.
Facundo Fraga encabeza la lista de inversiones, con USD 720.000 entregados entre febrero y marzo de 2022 para la compra de tres viviendas. Leonardo Rafael Jara aportó USD 520.000 para otros tres inmuebles, mientras que Ezequiel Cerutti invirtió USD 320.000 para adquirir dos propiedades.
Lucas Ariel Rodríguez desembolsó USD 180.000 para tres casas. Por su parte, Gonzalo Maroni entregó USD 170.000 para una propiedad en agosto de 2024. La nómina se completa con Alejandro Gastón Mena, quien invirtió USD 110.000, y Juan Francisco Brunetta, que aportó otros USD 105.000.
A esos montos se suman los USD 79.000 que el contador Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galetti, asegura haber invertido en una operación propia vinculada con la remodelación y adquisición de una vivienda.
En todos los casos, los denunciantes sostienen que el dinero fue entregado con un destino específico: comprar inmuebles determinados, realizar las refacciones necesarias y ponerlos en alquiler. Sin embargo, afirman que varias propiedades nunca fueron transferidas a las sociedades estadounidenses constituidas por los inversores y continuaron registradas a nombre de otras firmas o de terceros.
La presentación también describe viviendas que nunca fueron terminadas, otras que se encontrarían desocupadas o inhabitables y algunas que acumularían importantes deudas por impuestos inmobiliarios, servicios, multas municipales e infracciones a las normas de construcción.
Alquileres que no llegaban y propiedades con deudas
Uno de los aspectos centrales de la denuncia apunta a las liquidaciones periódicas que recibían los inversores. Según el relato de Galletti, durante los primeros meses la operatoria aparentaba funcionar con normalidad: se enviaban resúmenes de alquileres, gastos de mantenimiento, seguros e impuestos.
Con el paso del tiempo comenzaron los retrasos y las inconsistencias. Los denunciantes aseguran que recibían comprobantes de supuestos alquileres que no se correspondían con depósitos efectivos en sus cuentas bancarias.
El abogado Ignacio Fernández Camillo es el apoderado de los futbolistas en la denuncia presentada.
AGLP
También detectaron que se descontaban importes destinados al pago de impuestos inmobiliarios de Baltimore que luego aparecían como impagos en los registros oficiales estadounidenses.
La situación se habría agravado hacia fines de 2023 y durante 2024, cuando se interrumpieron los pagos de las rentas. Los reclamos posteriores derivaron en promesas de regularización, compromisos de transferencia de propiedades y convenios de reconocimiento de deuda que, según los denunciantes, tampoco fueron cumplidos.
En uno de los casos, un inversor platense que había entregado USD 130.000 para adquirir una vivienda descubrió que el inmueble todavía figuraba a nombre de la estructura empresarial que administraba el negocio y acumulaba multas, servicios impagos e infracciones de construcción que impedían concretar la transferencia.
Otro de los episodios descriptos involucra una propiedad por la que se habían pagado USD 130.000, pero cuyo supuesto vendedor habría manifestado posteriormente que nunca había autorizado la operación ni recibido el dinero correspondiente.
Un fideicomiso familiar bajo sospecha
La denuncia también solicita investigar movimientos patrimoniales en Argentina que, según los presentantes, podrían estar vinculados con un intento de sustraer bienes del alcance de eventuales acreedores.
En particular, mencionan la constitución de un fideicomiso de administración familiar denominado "PLASTIGONES", registrado en abril de 2024 y que tendría entre sus bienes cuatro inmuebles ubicados en City Bell, La Plata, General Belgrano y Beccar.
Los denunciantes piden que se determine el origen de los fondos utilizados para incorporar esas propiedades, las condiciones de las transferencias y si la estructura fiduciaria pudo haber sido utilizada para dificultar eventuales reclamos patrimoniales.
También solicitan reconstruir los circuitos financieros de las inversiones, identificar quiénes recibieron y retiraron el dinero entregado en efectivo en Argentina y establecer qué participación tuvo cada uno de los intermediarios que intervinieron en las operaciones.
Qué reclama la denuncia en La Plata
El reclamo económico está integrado por los USD 2.125.000 aportados por los siete futbolistas, los USD 79.000 correspondientes a la inversión personal de Galletti y otros USD 475.000 reclamados por los inversores platenses Héctor Remorini, Pablo Tomás y María Laura Maillo. De esta manera, el capital cuya restitución se reclama asciende a USD 2.679.000.
A esa cifra se agregan otros conceptos. Remorini reclama aproximadamente USD 20.569 por alquileres que habrían sido cobrados y no transferidos. Tomás y Maillo, por su parte, estiman en alrededor de USD 33.000 los gastos extraordinarios, multas e impuestos que debieron afrontar o que habrían sido descontados de las liquidaciones sin que se acreditara su efectivo pago.
La presentación solicita investigar los hechos bajo las figuras de estafa y asociación ilícita, sin descartar otras calificaciones legales que puedan surgir de la investigación.
Entre las medidas requeridas se encuentran la reconstrucción de la titularidad registral de cada propiedad en Estados Unidos, el análisis de las sociedades utilizadas para las operaciones, la identificación de los movimientos bancarios y la recepción de declaraciones testimoniales de los damnificados.
La denuncia radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 3 de La Plata, busca determinar si detrás de las inversiones inmobiliarias existió una estructura organizada para captar capitales, administrar fondos de terceros y disponer de ellos con un destino diferente al prometido. Los hechos y las responsabilidades individuales deberán ser establecidos durante la investigación penal.
