Concejales de Fuerza Patria colgaron carteles pidiendo la liberación de Cristina Kirchner. Un proyecto de repudio a la "proscripción" reavivó la grieta con LLA.
El reclamo por “Cristina Libre” llegó este jueves al Concejo Deliberante de La Plata, donde los concejales de Fuerza Patria pegaron carteles con esa consigna en sus bancas y acompañaron la intervención con un proyecto de la presidenta del bloque oficialista, Josefina Bolis, que tomó estado parlamentario durante la sesión.
La iniciativa, presentada como proyecto de decreto, propone manifestar el “repudio a la proscripción política” de Cristina Kirchner, en el marco del primer aniversario de la condena contra la exmandataria en la denominada Causa Vialidad.
El expediente pasó a la comisión de Legislación pero encendió el debate en el recinto entre los concejales de Fuerza Patria, que defendieron a la expresidenta y la oposición, y sus pares de La Libertad Avanza y el PRO, que rechazaron todos los argumentos y sostuvieron que la condena es acertada y está ajustada a derecho.
Al defender su proyecto, la concejala Bolis sostuvo que existe una "proscripción" contra la exmandataria y calificó la condena como una "herida abierta" para la democracia argentina. "Tenemos una proscripción de esta magnitud a la dos veces presidenta y electa por el 55% de los votos por las grandes mayorías populares de la Nación", afirmó. Además, cuestionó con dureza la actuación judicial y aseguró que el fallo representa una "aberración" y un "mamarracho jurídico", al considerar que carece de pruebas e imparcialidad.
La concejala vinculó la condena con una decisión política destinada a impedir una eventual candidatura de Fernández de Kirchner. "La quisieron proscribir por lo que hizo bien, no por lo que hizo mal", sostuvo. En ese marco, llamó a "romper la proscripción" para que la expresidenta pueda volver a ser elegida por el pueblo y aseguró que el debate excede la figura de Cristina Kirchner porque involucra a la democracia en su conjunto.
En la misma línea se expresó la concejala Sol Maluéndez, quien definió la condena como "injusta e ilegítima" y cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sostuvo que detrás del fallo existe un mensaje de "amenaza y disciplinamiento" hacia los dirigentes políticos que enfrentan intereses económicos concentrados. "Es muy preocupante que una líder política se encuentre inhabilitada de por vida", afirmó.
Maluéndez también buscó ampliar el alcance del reclamo más allá del peronismo y convocó a otros espacios políticos a pronunciarse. "No solo los peronistas deberíamos ser los portavoces de esta denuncia, porque es un ataque contra toda nuestra democracia", dijo. En ese sentido, pidió que todas las fuerzas acompañen el reclamo por la libertad de la expresidenta y cuestionó al gobierno nacional por utilizar el caso para desviar la atención sobre la situación económica actual.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón, cruzó a las concejalas oficialistas, cuestionó la colocación de pancartas en las bancas, rechazó de plano la caracterización de "proscripción" y defendió el proceso judicial que derivó en la condena.
El libertario apuntó directamente contra los argumentos del oficialismo. "Respecto a qué nos espera a los que hacemos política si a Cristina le pasó esto, la respuesta es nada, si uno no comete un delito", afirmó. También sostuvo que la causa Vialidad "no puede ser considerada un proceso exprés" porque se inició en 2008, fue reactivada en 2016 y derivó en una condena en 2022 tras varios años de investigación y juicio.
Además, el edil sostuvo que la oposición "no le tiene miedo" a una candidatura de CFK e hizo un repaso por los resultados electorales del kirchnerismo desde 2015 para concluir que, excepto en 2019, siempre perdió. Y subrayó que en 2017, cuando fue candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires cayó derrotada frente a Esteban Bullrich de Juntos.
A la discusión también se sumó el concejal Juan Granillo Fernández, de Fuerza Patria, quien retomó la defensa de la expresidenta y planteó que la persecución contra liderazgos populares fue una constante en la historia argentina. En ese sentido, mencionó los casos de José de San Martín, Juan Manuel de Rosas y Juan Domingo Perón, y sostuvo que las consecuencias judiciales y políticas “siempre” recayeron “del mismo lado”.
Granillo Fernández también puso en duda la imparcialidad de los magistrados y fiscales que intervinieron en la causa. En este sentido, mencionó al fiscal Diego Luciani y a jueces como Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, al aludir a encuentros y vínculos con el expresidente Mauricio Macri. “No estamos hablando de justicia imparcial, sino del histórico revanchismo contra el peronismo y contra cualquier representante que se atreva a desafiar a los grandes poderes concentrados”, sostuvo.
En la misma línea, la concejala Ona Parrilli afirmó que Cristina Fernández de Kirchner “está presa por haber gobernado con políticas públicas para los trabajadores, por haber sostenido una patria libre, justa y soberana, y por no haber endeudado al país”.
Desde la vereda opuesta, el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, rechazó los argumentos de Fuerza Patria y defendió la condena contra CFK. El edil sostuvo que, lejos de repudiar el fallo, correspondería expresar un “beneplácito” por lo que definió como “un año de sanidad en la Justicia y el Estado de derecho”.
Morzone invocó el artículo 18 de la Constitución Nacional y afirmó que la expresidenta fue condenada “en todas las instancias del sistema jurídico argentino”. En ese marco, negó que se hayan vulnerado garantías constitucionales y sostuvo que la condena respondió al vínculo de CFK con Lázaro Báez y al direccionamiento de fondos de Vialidad Nacional para obras públicas.
El concejal también rechazó la idea de “lawfare” planteada por Fuerza Patria. “No existe”, sentenció y sostuvo que lo que hubo fue, según su mirada, un intento del kirchnerismo de avanzar sobre la Justicia a través de reformas impulsadas durante sus gobiernos. Además, defendió el rol de la Corte Suprema como “último garante” del orden constitucional.
Por último, Pablo Poggio, del bloque Unión por la Patria, salió al cruce de la idea planteada por La Libertad Avanza de que “no pasa nada” si un dirigente no comete delitos. Para responder, citó el caso de Mariano Bruera, cuya absolución quedó firme esta semana tras una extensa causa judicial. “Yo vengo de un espacio donde ayer absolvieron a Mariano Bruera. Fue preso el 31 de diciembre de 2016 y diez años después la Justicia dijo la verdad”, graficó Poggio. Y cerró con una referencia directa a la situación de Fernández de Kirchner: “El tiempo le va a dar la verdad también a nuestra expresidenta”.
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