Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Corte Suprema para impedir el decomiso de 19 inmuebles de sus hijos en la causa Vialidad.
Cristina Kirchner acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja para intentar revertir la decisión que habilita el decomiso de bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La medida está vinculada a la condena dictada en la causa Vialidad y alcanza propiedades ubicadas en Santa Cruz.
Según planteó en el escrito judicial, esos bienes fueron transferidos a sus hijos por ella y por el fallecido expresidente Néstor Kirchner, pero no tendrían relación con los hechos investigados en la causa por la que fue condenada.
Ambos fiscales se opusieron a que la exmandataria Cristina Kirchner cumpla su condena de 6 años en su hogar y piden que sea alojada en una cárcel común.
Cristina Kirchner destacó el respaldo judicial en el juico de YPF, valoró el trabajo legal y sostuvo que la decisión respetó normas vigentes.
"No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado", sostuvo Cristina Kirchner en la presentación realizada ante la Corte Suprema.
Dentro del mismo documento, la exmandataria afirmó que las propiedades "fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas".
No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió incluir esos inmuebles entre los activos alcanzados por el decomiso al considerar que fueron "adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal".
A fines de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión y respaldó el criterio de que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o recibidos mediante una herencia.
En esa resolución, los jueces remarcaron que "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria".
La sentencia dejó firme el decomiso por más de $684.000 millones y habilitó el avance del remate de los bienes involucrados para concretar el resarcimiento económico al Estado.