Chidichimo fue declarado culpable de cometer femicidio en un juicio por jurado. La víctima lo había denunciado en La Plata dos veces por acoso y maltrato.
El jurado declaró culpable a Renzo Eduardo Chidichimo en el juicio que se llevaba adelante en los tribunales penales de La Plata, donde fue acusado de cometer femicidio al asesinar de siete disparos a Rocío Magalí González, su compañera de trabajo, quien lo había denunciado dos veces por acoso, violencia psicológica y maltrato.
El juicio había comenzado este martes y culminó el viernes, con el veredicto del jurado. Chidichimo estaba imputado por homicidio agravado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), figura que prevé como única sanción la pena de prisión perpetua. Se lo acusaba de haber asesinado de siete balazos a su compañera de trabajo, en junio de 2023, en Saladillo.
El proceso se desarrolló mediante el mecanismo de juicio por jurado, una modalidad prevista por la legislación bonaerense para los delitos más graves y que transfiere a doce ciudadanos la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de La Plata. El juez técnico que condujo el debate fue Santiago Paolini. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Leila Aguilar, mientras que la defensa fue ejercida por la defensora oficial Gladys López.
Durante las jornadas de juicio declararon testigos, peritos, investigadores y familiares de la víctima. También se incorporarán las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar del crimen, registros que forman parte de la prueba reunida durante la investigación.
La investigación sostiene que el crimen fue el desenlace de varios meses de hostigamiento que Rocío González venía padeciendo por parte de quien compartía con ella el ámbito laboral. La joven, de 25 años, había formulado dos denuncias antes del asesinato. La primera fue presentada a fines de 2022, luego de aproximadamente un año de convivir laboralmente con Chidichimo.
Según reconstruyó la investigación, denunció situaciones de acoso, violencia psicológica y maltrato. Como respuesta recibió una restricción de acercamiento y un botón antipánico. Además, en el lugar donde ambos trabajaban decidieron reorganizar las tareas para evitar que coincidieran durante la jornada laboral.
Durante algunas semanas el conflicto pareció disminuir, pero el hostigamiento volvió a repetirse. Ante nuevos episodios, Rocío realizó una segunda denuncia. Sin embargo, de acuerdo con el relato de sus familiares, consideraba insuficientes las medidas adoptadas y tenía previsto insistir con una denuncia penal porque entendía que el riesgo seguía creciendo.
Su entorno sostuvo posteriormente que incluso proyectaba trasladarse a Cañuelas para reclamar una intervención más efectiva de las autoridades, ya que no encontraba respuestas satisfactorias a los episodios que denunciaba. Los familiares también afirmaron que los propietarios de la empresa donde ambos trabajaban evaluaban despedir al acusado debido a las reiteradas situaciones de acoso que protagonizaba.
La hipótesis fiscal sostuvo que Chidichimo consiguió un arma de fuego, ingresó al lugar de trabajo fuera de su horario habitual y atacó directamente a Rocío. Sin mediar discusión, desenfundó una pistola Bersa Thunder calibre .9 milímetros y efectuó al menos siete disparos contra la joven delante de otra empleada.
La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y constituye una de las principales evidencias que serán exhibidas durante el juicio.
Después del ataque escapó en una moto que posteriormente abandonó en un campo ubicado a varios kilómetros de la ciudad. Durante cinco días permaneció prófugo mientras era intensamente buscado por efectivos policiales mediante rastrillajes con drones, perros, helicópteros y patrullas que recorrieron la zona rural.
Finalmente fue localizado durante la madrugada mientras caminaba por inmediaciones del Canal 16, en un sector de campos situado entre Saladillo y Las Flores. En el momento de su captura llevaba consigo la pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que, según la acusación, fue utilizada para cometer el crimen.
Tras su detención fue indagado por la entonces fiscal de la investigación, Patricia Hortel, oportunidad en la que hizo uso de su derecho constitucional a no declarar. Luego quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde permaneció detenido desde entonces.
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