La presentación fue realizada por autoridades de la obra social del Sindicato Gráfico Platense, que denuncian serias irregularidades en La Plata.
Un nuevo capítulo de tensión interna sacude al sindicalismo gráfico de La Plata. El histórico dirigente y secretario general del Sindicato Gráfico Platense, Marcelo Alcobendas, fue denunciado penalmente por presuntas maniobras de usurpación de cargos, administración irregular y defraudación en perjuicio de la obra social del sector, en una causa que ya tramita en la Justicia nacional.
La presentación fue impulsada por Héctor Aníbal Schmidt en su doble carácter de presidente de la Obra Social del Personal de Imprenta, Diarios y Afines (OSPIDA) y secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos, Digitales y Afines (FATIDA). En su denuncia, el dirigente acusa a Alcobendas de haberlo desplazado "de forma ilegítima" de cargos para los cuales había sido designado conforme a los mecanismos institucionales vigentes.
La causa se originó tras la denuncia de la abogada de nuestra ciudad, Irene Lozano, contra su ex pareja, Fabricio Ángel Cattáneo.
El expediente por homicidio culposo fue elevado definitivamente a la etapa de juicio oral y recayó en un juzgado Correccional. Audiencia clave previa al debate.
Según surge del escrito, Schmidt sostiene que su designación contaba con aval formal de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), lo que –a su entender– refuerza la gravedad de la maniobra denunciada.
En ese marco, afirma que se le impidió asumir y ejercer sus funciones, mientras que Alcobendas se habría arrogado facultades de conducción en las instituciones involucradas.
El eje de la denuncia apunta a lo que el denunciante describe como una "proclamación fraudulenta" de autoridad por parte del titular del Sindicato. En concreto, se lo acusa de asumir funciones directivas sin respaldo legal, en una supuesta estrategia para controlar tanto la estructura sindical como la obra social vinculada al sector.
El conflicto no se limita a una disputa de nombres, sino que –de acuerdo a la presentación judicial– involucra decisiones administrativas y patrimoniales de relevancia. Entre los puntos más sensibles, se mencionan presuntas irregularidades en la operatoria de cuentas bancarias de OSPIDA, así como la adopción de medidas institucionales que habrían sido tomadas sin legitimidad ni controles adecuados. En ese sentido, la denuncia advierte sobre un posible perjuicio económico para la obra social, que presta servicios a trabajadores gráficos, sus familias y una red de prestadores médicos. La gravedad del planteo radica en que, de comprobarse las irregularidades, podrían derivar en consecuencias tanto penales como administrativas para los responsables.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N°46, a cargo del juez Jorge Anselmo De Santo, donde se investigan los hechos denunciados bajo figuras que podrían encuadrarse en delitos contra la administración y el patrimonio.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la presentación apunta no solo contra Alcobendas, sino también contra "quienes resulten responsables" de las maniobras descriptas, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre el funcionamiento interno de las instituciones involucradas.
En el plano judicial, se espera que en las próximas semanas se impulsen medidas de prueba orientadas a determinar la legalidad de las designaciones en disputa, así como el circuito de decisiones administrativas adoptadas durante el período cuestionado. Entre ellas, no se descarta el análisis de documentación contable, movimientos bancarios y actas institucionales.
Mientras tanto, el caso ya genera repercusiones en el ámbito gremial platense, donde Alcobendas es considerado un dirigente de larga trayectoria. La denuncia, en ese contexto, no solo pone bajo la lupa su accionar reciente, sino que también abre un interrogante sobre el futuro de la conducción sindical y el manejo de la obra social en un sector históricamente organizado.