La propietaria del predio “La Primavera”, de 800 hectáreas, acusa por el ingreso de maquinaria y vuelco de tierra. El caso reaviva un antecedente clave de 2005.
La Justicia Penal de La Plata investiga una grave denuncia por una presunta usurpación que involucra a funcionarios municipales y empresarios en un campo histórico de la localidad de Guernica. La presentación fue impulsada por Ana Irene Buiani, titular del establecimiento rural "La Primavera", un predio de aproximadamente 800 hectáreas que pertenece a su familia desde 1909.
El expediente tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) descentralizada de San Vicente, a cargo de la fiscal Karina Guyot, y según surge de la documentación judicial a la que accedió este medio, la denunciante sostiene que desde hace más de un año personas que se identifican como vinculadas al Municipio ingresan al campo, rompen alambrados perimetrales y vuelcan camiones de tierra en distintos sectores del terreno.
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De acuerdo a la denuncia original, radicada el 23 de enero de 2026, Buiani relató que el avance sobre su propiedad incluye la apertura de caminos internos y movimientos de suelo constantes. "Están invadiendo mi propiedad tirándome camionadas de tierra, además de romperme el alambrado perimetral generando daños en el inmueble", declaró ante la fiscalía.
El conflicto escaló en las últimas semanas. El 26 de marzo, la propietaria presentó una ampliación de la denuncia en la que detalló nuevos episodios. Allí afirmó que volvió a presentarse en el lugar y constató que "camiones continúan tirando tierra dentro de mi propiedad", en lo que describió como una actividad sistemática. En ese mismo escrito, Buiani identificó a un presunto encargado de la obra, a quien señaló como empleado de una empresa privada. Según su testimonio, esta persona le habría manifestado que actuaba bajo directivas de un funcionario municipal del área de obras públicas.
El abogado de la denunciante, Cristian Pettorosso, fue más allá y planteó una hipótesis concreta: los movimientos de suelo responderían a un proyecto de desarrollo inmobiliario. "Por los trabajos de nivelación y la magnitud del movimiento de tierra, se presume que proyectan construir un complejo de viviendas", explicó.
Además, el letrado remarcó que ya solicitaron medidas urgentes para frenar la situación. "Pedimos a la fiscal que disponga tutela judicial efectiva, que ordene medidas preventivas y que se reitere un oficio enviado en febrero a la Municipalidad de San Vicente, que hasta ahora no fue respondido", señaló.
Uno de los puntos que más preocupa a la defensa es la falta de respuesta del municipio. Según detalló Pettorosso, la fiscalía ya había requerido información formal sobre las obras en el predio, pero no obtuvo contestación. "Se libró un oficio para que informen qué tipo de trabajos se estaban realizando y no hubo respuesta. Eso agrava la sospecha, porque mientras tanto las máquinas siguen trabajando en el lugar", sostuvo.
En paralelo, la denunciante dejó constancia de que tomó fotografías que documentan la presencia de grandes cantidades de tierra dentro del campo y los daños ocasionados en la propiedad. Esas imágenes fueron incorporadas al expediente como prueba.
El caso no es aislado ni nuevo para la familia Buiani. Por el contrario, se inscribe en una historia judicial que se remonta a más de dos décadas y que convirtió a "La Primavera" en un caso emblemático en la provincia. Según recordó Pettorosso, el mismo campo fue escenario de una resonante usurpación en 2005.
En aquel entonces, la causa tuvo tres imputados —Marenda, Cativa Tolosa y Carlos Sans— que terminaron condenados por la Justicia. Pero el expediente también derivó en consecuencias institucionales de alto impacto. En ese marco, fue denunciado el entonces fiscal Leandro Heredia, quien terminó siendo sometido a un jury de enjuiciamiento y finalmente destituido por irregularidades en su actuación.
"Fue un leading case en materia de usurpaciones en la provincia. Incluso motivó la intervención del entonces ministro de Seguridad León Arslanian, que creó una comisión de asuntos internos para investigar este tipo de delitos", recordó el abogado.
Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia hoy, no solo por tratarse del mismo predio, sino por el paralelismo en la modalidad denunciada: ocupación irregular, intervención de terceros y un conflicto de intereses que involucra actores estatales.
La nueva denuncia plantea un escenario complejo para la Justicia. Por un lado, se investiga una posible turbación de la posesión —figura penal que sanciona la alteración ilegítima del ejercicio de un derecho real—. Por otro, aparecen elementos que podrían escalar la calificación si se comprobara la participación organizada de funcionarios y privados. En ese contexto, la fiscalía deberá determinar si existió autorización para las obras, cuál es el rol de la empresa señalada y si hubo abuso de poder o desvío de funciones por parte de autoridades municipales.
Mientras tanto, la propietaria adelantó que avanzará con medidas para proteger su terreno. En la ampliación de la denuncia, dejó asentado que procederá al "cerramiento del predio" para impedir el ingreso de maquinaria y evitar la continuidad del presunto delito.
El conflicto en "La Primavera" vuelve a poner en agenda un tema sensible en la provincia: las disputas por la tierra, la presión inmobiliaria sobre zonas rurales y el rol del Estado en ese proceso.
Con un pasado judicial que ya marcó un precedente y un presente que involucra a funcionarios en ejercicio, el expediente promete convertirse nuevamente en un caso testigo. Por lo pronto, la fiscal Guyot tiene en sus manos una investigación que no solo deberá esclarecer los hechos denunciados, sino también determinar si, como sostiene la acusación, se está frente a una nueva usurpación en uno de los campos más emblemáticos de la región.