Una mujer denunció a un dirigente gremial por abuso sexual en una oficina del Senado. Peritajes psicológicos clave en la causa.
La justicia Penal de La Plata avanza en la investigación de una grave denuncia por abuso sexual que involucra a un senador de la provincia de Buenos Aires. Según la presentación judicial, el hecho ocurrió hace varios años en una oficina del Senado bonaerense y señala como responsable a un dirigente gremial vinculado a la Cámara Alta.
El expediente detalla un episodio impactante: la víctima, una mujer de 53 años, relató que el agresor apareció desnudo en una dependencia del senado provincial y, tras realizar comentarios inapropiados, le refregó los genitales en la cara. Según consta en la denuncia, la mujer logró defenderse utilizando una máquina de agujerear tras correr alrededor de una mesa en un despacho.
Gastón Mazzacane, nacido en La Plata, fue apuntado por su expareja. La joven apuntó además que también fue amenazada de muerte en varias ocasiones.
Un juez de La Plata dictó el encierro del abogado y funcionario de Procuración General que cumplía funciones en Ensenada.
Además, la denunciante aseguró que el acusado contaría con antecedentes de conducta inapropiada en el ámbito laboral, aunque previamente se habrían limitado a cuestiones administrativas protegidas por el sindicato. “Se creen que son intocables”, sostiene el documento presente.
En el marco de la causa, la víctima fue citada a realizar peritajes psicológicos en marzo próximo en la sede de la Asesoría Pericial local. Los especialistas deberán determinar el estado psicológico y emocional de la denunciante, así como evaluar posibles daños sufridos y su capacidad para diferenciar.
La mujer expresó su frustración ante la falta de respuestas por parte de instituciones como la Oficina de Género, que, según sus palabras, “nunca hizo nada más que buscar soluciones positivas para los denunciados”. En una carta a la que tuvo acceso diario El Día, señaló que muchas personas que sufrieron situaciones similares decidieron no denunciar por miedo a represalias laborales, lo que evidencia la necesidad urgente de garantizar un entorno seguro para las víctimas.
El caso pone en el centro del debate la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar que las investigaciones avancen sin interferencias. Se espera que las próximas medidas procesales arrojen más claridad sobre los hechos denunciados.