La Justicia de La Plata ordenó cerrar un centro de menores por graves fallas edilicias y denuncias de violencia. La medida impacta en jóvenes alojados.
La clausura de un centro de menores en La Plata reavivó la preocupación por las condiciones de encierro juvenil. La Justicia avanzó tras detectar fallas edilicias graves y denuncias de violencia, en un caso que expone deficiencias estructurales y vulneración de derechos en estos dispositivos.
La decisión fue tomada en el marco de un habeas corpus colectivo que advertía sobre el agravamiento de la situación y los riesgos concretos para la integridad de los jóvenes, sin que se registraran mejoras pese a reiteradas intimaciones a las autoridades.
La Justicia de La Plata dispuso el cierre del Centro Cerrado Eva Perón II tras un informe que alertó por condiciones inhabitables.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) despidió 140 trabajadores y ATE anunció un paro que podría paralizar el tráfico aéreo en Argentina el 24 de abril.
En ese contexto, la Justicia avanzó con una resolución de alto impacto que incluyó la clausura del establecimiento y la reubicación de todos los internos en otros dispositivos. Se trata del Centro Cerrado Eva Perón II, ubicado en 520 y 226, en la localidad de Abasto, que deberá ser desalojado en un plazo de 48 horas por orden judicial.
La medida fue adoptada por la jueza de garantías Lorena Vuotto tras un informe pericial de arquitectura que resultó categórico al señalar que el edificio no reúne condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad ni seguridad para su funcionamiento.
Entre los principales problemas detectados se mencionaron el colapso del sistema sanitario, riesgo eléctrico inminente, deterioro estructural de los cerramientos y la falta total de aislamiento térmico, un cuadro especialmente grave ante la llegada del invierno.
El planteo había sido impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que desde 2023 viene alertando sobre estas condiciones y también denunció hechos de violencia, requisas vejatorias, deficiente atención médica, escasa alimentación y restricciones en el acceso a actividades educativas y recreativas.
En su resolución, la magistrada cuestionó además la falta de respuestas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, remarcó la ausencia de un plan de acción efectivo y subrayó que el Estado debe garantizar condiciones dignas, en un caso que vuelve a poner el foco sobre los dispositivos de encierro juvenil en la provincia.