Organizaciones trans sostienen que el proyecto del PRO para erradicar la Zona Roja de La Plata es "regresivo, inconstitucional y estigmatizante".
El proyecto de ordenanza que busca erradicar la Zona Roja de La Plata y prohibir el ejercicio de la prostitución en la vía pública generó un fuerte rechazo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA).
Estas organizaciones elevaron una nota al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, para dejar sentada su postura antes de que se trate en comisión. El colectivo se expresó en contra de la iniciativa presentada por el concejal del bloque del PRO, Nicolás Morzone, que propone cambiar el artículo 215° del Código de Convivencia Ciudadana y prohibir directamente la prestación de servicios sexuales en la vía pública en la ciudad.
Un proyecto del PRO propone cambiar el Código de Convivencia Ciudadana e impedir que se ejerza el trabajo sexual en los espacios públicos de La Plata.
El Concejo Deliberante vuelve a reunirse este viernes. El sumario está cargado de temas que prometen un encendido debate.
La normativa vigente establece que la oferta de sexo solo puede llevarse a cabo en un lugar delimitado por el Ejecutivo municipal. "Queda expresamente prohibido ofrecer, solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos del partido de La Plata. Aquellas personas que incumplan con lo establecido en el presente, serán sancionados con multa de trescientos (300) a tres mil (3.000) módulos", establece el artículo 1° del proyecto impulsado por Morzone.
En la ordenanza vigente, ese artículo establece que "el que ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos no autorizados, será sancionado con multa de cien (100) a novecientos (900) módulos. El Departamento Ejecutivo reglamentará los lugares y condiciones donde se permitirá el ejercicio de la actividad".
En la actualidad, la Zona Roja está ubicada en el barrio El Mondongo. En 2023, el exintendente Julio Garro firmó un decreto para relocalizarla, pero la Justicia frenó la medida.
La nota que fue elevada al Concejo Deliberante platense está firmada por María Rachid, titular de FALGBT+, y Marcela Romero, presidenta de ATTTA. En el texto, las dos instituciones expresan su rechazo "enérgico y fundado" al proyecto de ordenanza y sostienen que su aprobación "implicaría una gravísima violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la privacidad y el derecho a la dignidad, autonomía y proyecto de vida de todas las personas, incluyendo a quienes ejercen el trabajo sexual".
Remarcan que la legalidad del trabajo sexual en Argentina "está garantizada por la Constitución Nacional, la cual establece el principio de reserva en su artículo 19, impidiendo al Estado sancionar conductas privadas que no lesionen derechos de terceros". Y citan jurisprudencia como el fallo "León" del Tribunal Superior de Justicia de la CABA que determinó que la oferta de servicios sexuales "no constituye por sí sola una conducta lesiva".
Las organizaciones advierten que las consecuencias prácticas del cambio en el Código de Convivencia platense serían "alarmantes" porque "profundizaría la violencia institucional, legitimaría la criminalización de la pobreza y de la identidad de género, obstaculizaría el acceso a derechos fundamentales y consolidaría el estigma hacia quienes ejercen el trabajo sexual".
También sostienen que no traería ninguna solución al combate del narcomenudeo o de la trata. "Lejos de combatir redes de trata o narcotráfico -cuyas dinámicas exigen herramientas estatales mucho más complejas- esta ordenanza desviaría el foco punitivo hacia personas que ejercen su autonomía en contextos de precariedad, vulnerabilidad o decisión voluntaria", agregan.
En otro pasaje de la nota elevada a Galland, las instituciones ponen como ejemplo la situación que se dio en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires con la vigencia del artículo 81 del Código Contravencional, que sanciona a quienes ejercen la prostitución, y señalan que más del 99% de las causas por oferta o demanda de sexo en el espacio público eran iniciadas por la Policía sin denuncia vecinal alguna, y que el 94% terminaban archivadas. "Esta selectividad deja en evidencia que estas normas no resuelven conflictos, sino que los administran a través de prácticas estigmatizantes y persecutorias", afirman.
"La experiencia comparada demuestra que no es con sanción ni con expulsión como se resuelven los reclamos de los barrios, sino con políticas públicas integrales que aborden la salud, el urbanismo, la seguridad y los derechos sociales desde una perspectiva de inclusión, no de exclusión", subrayan.
"La FALGBT+ y ATTTA llamamos a las concejalas y los concejales de la ciudad de La Plata a rechazar sin dilaciones este proyecto regresivo, inconstitucional y estigmatizante. Su sanción constituiría un grave precedente y una afrenta a los valores democráticos de una ciudad plural, diversa y respetuosa de los derechos humanos", cierran.