Fue procesado en el marco de una causa en la que está sospechado de pedir dinero a un cliente para sobornar a un fiscal de La Plata, pero era mentira.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la elevación a la etapa de juicio oral de la causa en la que un abogado fue procesado por presunta defraudación, pero detrás de esa carátula asoma una trama que puso en alerta la relación entre magistrados y abogados de la Justcia Penal local.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Correccional N°4, a cargo de la jueza Claudia Grecco, y de acuerdo con la investigación llevada adelante en 2023 por la fiscal Betina Lacki, con conocimiento del juez de Garantías Pablo Raele, el letrado Juan Manuel Fontana le habría exigido a uno de sus clientes, detenido por una causa de violencia de género, una importante suma de dinero como parte de un supuesto soborno para que el fiscal que llevaba adelante su caso no se negara a su excarcelación.
El hecho de inseguridad ocurrió en la zona de La Granja y las autoridades buscan a los implicados, que todavía no pudieron ser identificados y localizados.
Según indicaron los vecinos de Gorina, el problema sucede en las veredas de 28 bis y 489, donde quedaron caños rotos, pozos abiertos y tierra removida.
Según surge del expediente judicial, el abogado habría recibido 500.000 pesos en efectivo, 700 dólares y un Peugeot 307 para el pago de esa presunta coima, además de otros 130.000 pesos para sus "honorarios". Tras descubrir el engaño, el hombre denunció el hecho ante las autoridades y aportó audios que incriminarían al letrado.
El abogado denunciado habría recibido 500.000 pesos en efectivo, 700 dólares y un Peugeot 307 para el pago de esa presunta coima a un fiscal de La Plata
El propio fiscal declaró en el expediente y afirmó que el denunciante "se hizo presente en su despacho y en presencia de dos funcionarias de la fiscalía le manifestó que su abogado Fontana le exigió mucho dinero, incluso un auto; para 'cubrir los gastos'" del proceso, según se detalla en la transcripción de la causa.
En ese contexto, Lacki pidió la detención del acusado y apuntó: "Como se advierte en estos audios el imputado, más allá de las numerosas autoreferencias y autoelogios hacia su propia persona, tiene pleno conocimiento de la calidad ilícita de su maniobra y, a pesar de ello, se enorgullece de las mismas". En la misma línea, la fiscal sostuvo que el implicado hizo un uso indebido de su conocimiento profesional y buscó distorsionar la información que le dio a su asistido respecto de su estado procesal, todo "en beneficio personal a fin de enaltecer su accionar y robustecer que la única salida era 'la remuneración al fiscal' y, no menos importante, instala la idea que él 'puede' resolver situaciones que otros abogados no".
Fontana estuvo varios días detenido y fue excarcelado luego de una serie de planteos de sus abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri, Marcelo Botindari y Luisina Gliemmo. La medida fue dictada por el juez Raele quien hizo lugar al planteo de la defensa en duros términos, según señalaron entonces fuentes del caso a 0221.com.ar.
En su resolución el magistrado señaló que "la conducta ilícita atribuida a Fontana presenta un plus de disvalor por fuera de aquella, en particular por su abyección, por el daño ocasionado (en sentido amplio), por el mensaje que alberga en los justiciables al transformar en corrupto un acto legal y natural del proceso, intentando desprestigiar a los integrantes del Poder Judicial y, sobre todo, desnaturalizando la ética en la labor profesional (dada su condición de abogado), es decir, constituye un hecho grave, lo cierto es que ello por sí solo no resulta suficiente para denegar el beneficio".
En otro pasaje del documento judicial el magistrado garante entendió que "por más impropia que me resulte su conducta, ello no puede conmover la ecuanimidad propia de los Magistrados, debiendo mantener el mismo criterio adoptado ante escenarios similares donde se han ponderado los márgenes de pena, la ausencia de procesos en trámite, de antecedentes condenatorios, de conductas disvaliosas del imputado ya sometido a proceso y las circunstancias del evento dañoso". En ese marco, más allá de que la investigación ya se encuentra radicada en un juzgado Correccional, la defensa se opuso a la elevación a juicio del caso y ahora busca llevar el caso a una mediación Penal para reparar el daño provocado.
